Cierre parcial del DHS: impacto inmediato en la frontera, las detenciones y la atención humanitaria
El cierre presupuestal iniciado el 14 de febrero reconfigura la operación migratoria en Estados Unidos, presiona la frontera norte de México y tensiona al límite la red humanitaria binacional.
El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), iniciado el 14 de febrero tras el vencimiento del acuerdo presupuestal en el Congreso de Estados Unidos, ha generado un nuevo escenario de incertidumbre en la frontera con México. Aunque las operaciones consideradas esenciales —como la vigilancia fronteriza, las detenciones y las deportaciones— continúan activas, la suspensión de áreas administrativas, de supervisión y atención humanitaria ha comenzado a tener efectos inmediatos tanto en territorio estadounidense como en ciudades fronterizas mexicanas.
De acuerdo con reportes oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre octubre de 2025 y enero de 2026 se registraron más de 640 mil encuentros migratorios en la frontera suroeste, con un promedio mensual superior a los 160 mil. Aunque estas cifras representan una reducción frente a los picos históricos de 2023 y 2024, la presión operativa sobre agentes federales, instalaciones de procesamiento y centros de detención se mantiene elevada.
En paralelo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que la población promedio diaria en centros de detención superó las 38 mil personas durante el primer trimestre fiscal de 2026, acercándose nuevamente a su capacidad máxima contratada. Con el cierre parcial, procesos clave como traslados, audiencias migratorias, revisiones administrativas y coordinación con organizaciones civiles han sufrido retrasos significativos.
Uno de los impactos más delicados se observa en la suspensión de actividades de supervisión y auditoría interna. La Oficina del Inspector General del DHS confirmó que cerca del 85% de las investigaciones activas quedaron congeladas, debilitando los mecanismos de control, rendición de cuentas y vigilancia del respeto a los derechos humanos dentro de las agencias migratorias.
Para las organizaciones civiles que operan en ciudades fronterizas estadounidenses como San Diego, El Paso, Tucson y McAllen, la interrupción o retraso de fondos federales ha complicado la atención diaria en albergues, comedores comunitarios, servicios médicos básicos y asesoría legal. Redes como RAICES, Al Otro Lado, Border Angels y Human Rights First han advertido que la presión humanitaria podría intensificarse en las próximas semanas si el bloqueo presupuestal se prolonga.
En México, el efecto dominó se refleja con mayor fuerza en los estados de la frontera norte. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) indican que durante 2025 se brindó atención a más de 275 mil personas migrantes en albergues públicos y privados, una cifra que podría incrementarse hasta 20% en las próximas semanas debido a la ralentización de procesos migratorios y al endurecimiento operativo en Estados Unidos.
Analistas en política migratoria advierten que, aunque las deportaciones continúan, el cierre parcial del DHS genera cuellos de botella, reduce la capacidad institucional de gestión y eleva la presión sobre gobiernos locales y organizaciones civiles. “Menos presupuesto no significa menos migración, sino menor capacidad de respuesta”, advierten especialistas del Migration Policy Institute.
El debate presupuestal también reabre la discusión sobre la sostenibilidad del actual modelo migratorio estadounidense. Con un gasto federal superior a los 60 mil millones de dólares anuales en seguridad fronteriza y control migratorio, el sistema enfrenta el dilema de seguir priorizando un enfoque punitivo o avanzar hacia un esquema más equilibrado que combine control, gestión ordenada y atención humanitaria.
En este contexto, el cierre parcial del DHS no solo representa un desafío administrativo, sino un factor de riesgo adicional para una frontera ya sometida a tensiones estructurales. Mientras el Congreso busca una salida al bloqueo político, miles de migrantes, albergues y comunidades fronterizas resienten ya los efectos de una parálisis institucional con impacto binacional.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
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