Nueva regla del DHS busca frenar abusos del asilo y redefine el acceso al empleo para migrantes
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una propuesta de reforma normativa que busca endurecer los criterios para otorgar permisos de trabajo a solicitantes de asilo, con el objetivo declarado de reducir las solicitudes consideradas frívolas, fraudulentas o sin méritos suficientes, aliviar el rezago acumulado en el sistema migratorio y reforzar los controles de seguridad nacional.
La iniciativa, presentada por la Oficina de Asuntos Públicos del DHS, plantea modificar los requisitos de elegibilidad y los tiempos de presentación de solicitudes de autorización laboral para personas con trámites de asilo en curso. De aprobarse, el nuevo esquema limitaría el acceso inmediato al mercado laboral, rompiendo con una de las principales motivaciones que, según la autoridad, ha incentivado el aumento exponencial de solicitudes de asilo en los últimos años.
“El sistema de asilo ha sido explotado como un atajo para trabajar legalmente en Estados Unidos”, sostuvo un portavoz del DHS. “Esta reforma busca restaurar la integridad del proceso, priorizar la seguridad de los estadounidenses y concentrar los recursos en quienes realmente huyen de la persecución y el peligro”.
Un sistema bajo presión
De acuerdo con cifras oficiales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) enfrenta actualmente más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una carga equivalente a la población total del estado de New Hampshire. Este volumen ha provocado retrasos prolongados, saturación administrativa y una presión constante sobre la capacidad operativa del sistema migratorio.
El DHS sostiene que prácticamente todos los migrantes en situación irregular buscan presentar una solicitud de asilo, aun cuando no cumplan con los criterios legales para ello, con la intención de obtener un permiso de trabajo temporal. Este fenómeno, argumenta la dependencia, ha distorsionado el propósito humanitario del asilo y ha debilitado la capacidad del Estado para atender casos genuinos.
Antecedentes
El debate sobre el uso del asilo como vía indirecta para acceder al empleo no es nuevo. Desde el 2018, distintas administraciones han intentado modificar los plazos y requisitos para otorgar permisos laborales a solicitantes de asilo.
Durante el primer mandato de Donald Trump, se impulsaron reformas similares, varias de las cuales fueron bloqueadas en tribunales federales o revertidas posteriormente.
Sin embargo, el incremento sostenido de los flujos migratorios, particularmente en la frontera sur, ha vuelto a colocar el tema en el centro de la agenda política. En los últimos cuatro años, los encuentros con migrantes en la frontera han alcanzado cifras históricas, alimentando un debate nacional sobre seguridad, capacidad institucional y control migratorio.
La nueva propuesta se enmarca dentro de la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión”, firmada por el presidente Donald Trump, que plantea una estrategia integral para reforzar los mecanismos de control migratorio, acelerar deportaciones y restringir beneficios a personas en situación irregular.
Ver documento:14159
Implicaciones para migrantes y solicitantes de asilo
De concretarse, el nuevo reglamento podría tener un impacto significativo en miles de solicitantes de asilo, especialmente aquellos que dependen del permiso de trabajo para subsistir mientras se resuelve su caso, un proceso que en promedio puede extenderse entre dos y cinco años.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de migrantes han advertido que limitar el acceso al empleo formal podría empujar a muchos solicitantes hacia la economía informal, aumentando su vulnerabilidad a la explotación laboral, la precariedad y el abuso. Además, señalan que la medida podría afectar de manera desproporcionada a familias, mujeres y menores que buscan protección internacional.
Por su parte, el DHS sostiene que la reforma permitirá reasignar recursos a la revisión sustantiva de los casos, acelerar los procesos y reducir el enorme rezago, beneficiando así a quienes realmente cumplen con los criterios de protección internacional.
Consulta pública y proceso legal
La propuesta fue publicada en el Registro Federal bajo la figura de Notificación de Propuesta Regulatoria (Notice of Proposed Rulemaking), lo que abre un periodo de consulta pública de 60 días. Durante este lapso, organizaciones civiles, expertos, gobiernos locales y ciudadanos podrán presentar comentarios, objeciones o sugerencias antes de que la norma sea aprobada en su versión final.
El resultado de este proceso será determinante para definir el rumbo de la política de asilo en Estados Unidos y su impacto directo en la dinámica migratoria regional, particularmente en la frontera con México y en los países expulsores de migrantes en América Latina Un giro estratégico
Más allá de su alcance técnico, la propuesta representa un giro estratégico en la política migratoria estadounidense, al reforzar una visión centrada en la disuasión, el control y la seguridad, en contraste con enfoques más humanitarios de administraciones anteriores.
El debate que se abre no solo confronta posturas políticas, sino que plantea preguntas de fondo sobre el equilibrio entre la seguridad nacional, la viabilidad administrativa del sistema migratorio y la obligación internacional de proteger a quienes huyen de la violencia, la persecución y la pobreza extrema.
Impacto en México y el Triángulo Norte de Centroamérica
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) no solo reconfigura el sistema de asilo estadounidense, sino que también genera efectos directos e indirectos en México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, Honduras y El Salvador—, principales territorios de origen y tránsito de los flujos migratorios hacia la frontera sur estadounidense.
En México, el endurecimiento de los criterios para acceder a permisos de trabajo mientras se procesa una solicitud de asilo podría incrementar la permanencia prolongada de migrantes en ciudades fronterizas y corredores migratorios, particularmente en Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Tapachula. Organizaciones civiles y albergues han advertido que, ante menores incentivos para solicitar asilo en Estados Unidos, un mayor número de personas podría optar por permanecer en territorio mexicano en condiciones precarias, lo que elevaría la presión sobre la infraestructura humanitaria, los servicios de salud y los sistemas locales de asistencia.
Además, la reducción en el atractivo del asilo estadounidense podría traducirse en un aumento de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que ya enfrenta una sobrecarga operativa. Tan solo en 2025, COMAR registró más de 140 mil solicitudes, una cifra histórica que supera ampliamente su capacidad instalada, generando retrasos de hasta 18 meses en la resolución de casos.
Para los países del Triángulo Norte, la medida representa un doble desafío. Por un lado, limita una de las principales válvulas de escape social y económica frente a la violencia, la pobreza estructural y la falta de oportunidades. Por otro, podría provocar un incremento en los retornos y deportaciones, presionando sistemas institucionales frágiles y escasamente financiados.
En Guatemala, Honduras y El Salvador, organismos internacionales han advertido que la reducción de incentivos migratorios puede derivar en mayores flujos de retorno forzado, con impactos directos en el empleo, la seguridad y la estabilidad comunitaria. En contextos donde más del 60% de la población ocupada se encuentra en la informalidad y las remesas representan entre el 20% y 30% del PIB nacional, cualquier contracción en las oportunidades migratorias tiene efectos macroeconómicos y sociales de alto impacto.
Analistas regionales coinciden en que esta política podría desplazar la presión migratoria hacia México, consolidándolo como país de destino involuntario, además de país de tránsito. Este fenómeno incrementa los retos para el gobierno mexicano en materia de regularización, integración laboral, protección humanitaria y seguridad pública.
De fondo, la medida del DHS refuerza una tendencia regional: el desplazamiento del control migratorio estadounidense más allá de sus fronteras, trasladando costos políticos, sociales y económicos a los países del sur, sin que exista, hasta ahora, un esquema integral de corresponsabilidad regional que equilibre las cargas y garantice la protección efectiva de los derechos humanos.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
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