El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció recientemente el arranque de la UAC Safety Verification Initiative, un programa en coordinación con policías locales adscritas al acuerdo 287(g) para ubicar y realizar “visitas de bienestar” a menores migrantes no acompañados que, según la propia administración, habrían sido entregados a patrocinadores “no verificados” durante el gobierno anterior.
La cifra presentada por ICE, 450 mil menores— encendió inmediatamente las alarmas, no solo por la magnitud, sino porque no existe ningún registro público, base de datos oficial ni informe independiente que respalde ese número.
Ni TRAC (Transaction Records Access Clearinghouse), ni UNICEF, ni la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada históricamente de los menores migrantes, han publicado cifras similares.
El gobierno afirmó además que ya ha localizado a 24,400 menores “en persona” por medio de “visitas y toques de puerta”. Sin embargo, no se informó en qué estados, bajo qué criterios, qué autoridades participaron, si existe documentación para auditoría, ni cuántos menores resultaron efectivamente en riesgo. Tampoco se aclaró cuántos de esos niños son mexicanos, centroamericanos u otras nacionalidades.
La ausencia de datos genera un dilema periodístico y público: si la cifra es real, estamos ante una de las crisis de protección infantil más grandes en la historia migratoria de Estados Unidos; si no lo es, estamos ante la utilización política de uno de los temas más sensibles: la niñez migrante.
Mientras tanto, las fuentes independientes consultadas coinciden en un punto clave: sin datos transparentes, no puede evaluarse el alcance real de esta iniciativa.
A falta de información verificable —y con un tema tan delicado como la integridad de menores migrantes— la responsabilidad pública del gobierno es clara: presentar datos, criterios, listados, auditorías y la participación de instituciones especialistas en niñez.
Porque cuando se trata de niños, cualquier omisión informativa deja de ser técnica: se convierte en un riesgo. Y hoy, más que certezas, el anuncio del DHS ha dejado un profundo vacío que exige respuestas, no narrativas.
Por Luis Ángel Galván Peimbereth
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