Una pausa a la expulsión: jueza frena la terminación del TPS y da esperanza a miles
Una jueza federal en California suspendió temporalmente la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Nepal, Honduras y Nicaragua, una medida que había sido anunciada por la administración Trump para entrar en vigor entre agosto y septiembre de 2025. Esta decisión judicial frena la expulsión de más de 60,000 migrantes que han residido legalmente en Estados Unidos por años bajo este programa humanitario.
La jueza Trina L. Thompson consideró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no actuó de manera objetiva ni imparcial al evaluar la situación en los países afectados. Según la resolución, las condiciones humanitarias, los desastres naturales y los niveles de violencia en esas naciones continúan siendo motivo suficiente para mantener la protección. En su fallo, Thompson escribió: “La evidencia sugiere que la decisión de terminar el TPS no se basó en una evaluación neutral de los hechos, sino en una intención preconcebida de eliminar el programa, influida por prejuicios raciales y estigmatización de estas comunidades.”
El gobierno de Trump había argumentado que ya no existían las causas originales que motivaron la designación del TPS en estos países, y por tanto era hora de concluir el beneficio. Sin embargo, la jueza señaló que esa evaluación ignoró intencionalmente nuevos factores que han empeorado las condiciones de vida en las regiones afectadas.
Tricia McLaughlin,subsecretaria del DHS, declaró que, “restaurar la integridad de nuestro sistema migratorio para mantener a nuestra patria y a su gente seguros. Eso es todo lo que buscamos nosotros —y el pueblo estadounidense que eligió al presidente Trump por una mayoría aplastante”.
Dijo además la funcionaria federal que, “el TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas. Este es otro ejemplo de cómo jueces descontrolados incitan al racismo para desviar la atención de los hechos y de las facultades constitucionales del presidente en virtud del Artículo II. Apelaremos y esperamos que un tribunal superior nos defienda”.
Por su parte, organizaciones defensoras de migrantes celebraron la decisión. La abogada Ahilan Arulanantham, representante de los demandantes, señaló: “Esta es una victoria para los miles de familias que han construido su vida aquí, han trabajado, pagado impuestos y contribuido a sus comunidades.”
La orden judicial mantiene vigente el TPS al menos hasta el 18 de noviembre de 2025, fecha en que se celebrará una audiencia clave para definir el futuro del caso. Mientras tanto, los beneficiarios del programa pueden continuar residiendo y trabajando legalmente en Estados Unidos. El gobierno ya anunció que apelará la decisión, lo que podría extender el proceso judicial durante los próximos meses.
Aunque esta resolución no representa una decisión final, sí frena temporalmente una política que podría haber afectado gravemente la vida de miles de personas y genera una pausa crítica para que los tribunales analicen a fondo la legalidad y motivaciones detrás de la cancelación del TPS.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
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