Suprema Corte pone entre la espada y la pared a migrantes
Las llamadas ciudades santuario no han desaparecido, pero sí están bajo intensa presión del gobierno federal. A principios de junio, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó de su sitio web una lista con más de quinientas jurisdicciones que supuestamente no cooperaban con ICE. Aunque esa lista ya no es pública, la administración Trump mantiene su ofensiva: ha recortado fondos, amenazado con juicios a funcionarios locales y ordenado el cierre de oficinas federales en ciudades que protegen a migrantes indocumentados.
En paralelo, en enero, se firmó una orden ejecutiva que prohíbe entregar dinero federal a estas jurisdicciones y permite incluso enjuiciar a quienes se nieguen a colaborar con la política migratoria nacional.
Y esta semana, la Corte Suprema votó seis a tres para limitar el alcance de los jueces federales, impidiendo que bloqueen medidas migratorias a nivel nacional. Esto significa que un juez ya no podrá frenar una deportación o una política federal en todo el país, solo en su distrito.
El impacto para las comunidades indocumentadas es enorme. Ahora dependerán de la protección legal del lugar donde viven. Es decir, mientras algunos migrantes estarán resguardados en ciertos estados, otros estarán mucho más expuestos a deportaciones rápidas, detenciones y separación familiar, solo por vivir en el lugar equivocado.
Este cambio legal reduce los espacios seguros y debilita las herramientas judiciales que por años ayudaron a proteger a millones de personas sin papeles en Estados Unidos.
