Once millones de indocumentados pagan casi 9 mil dólares al año cada uno en impuestos
Fotografía (Cortesía IRS)
Hablar de las políticas migratorias adoptadas por el nuevo gobierno federal no solo se circunscriben al número de detenciones y deportaciones y al resto de las acciones que Trump vía órdenes ejecutivas busca implementar, es hablar también del impacto económico hacia los Estados Unidos y a los principales países expulsores de migrantes.
Para este 2024, de acuerdo al Buró del Censo de Estados Unidos, la población en ese país es de 341 millones de personas; el porcentaje de población hispana es de 19.5%, es decir, 65.2 millones de hispanos, de los cuales se presume 10.9 millones son indocumentados.
Cada una de estas personas, en su economía personal paga impuestos a nivel federal, estatal y municipal.
En un reciente reporte, Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas al inglés) dioa conocer que los migrantes indocumentados, (10.9 millones de personas), aportaron en impuestos 96 mil 700 millones de dólares, (mmdd), tan solo en el 2022.
La mayor parte de esa cantidad, es decir 59 mil 400 mdd se pagó al gobierno federal, mientras que los 37 mil 300 mdd restantes se pagaron a los gobiernos estatales y locales.
El estudio revela también que la comunidad inmigrante en situación irregular pagó en impuestos federales, estatales y locales de $8,889 por persona en 2022.
Así que por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben 8 mil 900 millones de dólares en ingresos fiscales adicionales.
Destino de impuestos
Más de un tercio del dinero en impuestos que pagan los inmigrantes indocumentados es dirigido a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas a los que estos trabajadores no pueden acceder.
En 2022, los inmigrantes indocumentados pagaron 25 mil 700 mdd en impuestos del Seguro Social, 6.mil 400 millones en impuestos de Medicare y mil 800 millones en impuestos del seguro de desempleo.
A nivel estatal y local, poco menos de la mitad (46% o $15.1 mil millones) de los pagos de impuestos que realizan los inmigrantes indocumentados se realizan a través de impuestos sobre las ventas e impuestos especiales que gravan sus compras. La mayoría de los demás pagos se realizan a través de impuestos sobre la propiedad, como los que gravan a propietarios e inquilinos (31% o $10.4 mil millones), o a través de impuestos sobre la renta personal y empresarial (21% o $7.0 mil millones).
Seis estados recaudaron más de mil millones de dólares cada uno en ingresos fiscales provenientes de los inmigrantes indocumentados que viven dentro de sus fronteras.
Estos estados son California (8,500 millones de dólares), Texas (4,900 millones de dólares), Nueva York (3,100 millones de dólares), Florida (1,800 millones de dólares), Illinois (1,500 millones de dólares) y Nueva Jersey (1,300 millones de dólares).
En una gran mayoría de estados (40), los inmigrantes indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el 1 por ciento más rico de los hogares que viven dentro de sus fronteras.
Los pagos de impuestos sobre la renta de los inmigrantes indocumentados se ven afectados por leyes que les exigen pagar más que a ciudadanos estadounidenses en situación similar. A menudo, se les impide recibir créditos fiscales significativos y, en ocasiones, no solicitan los reembolsos que les corresponden por desconocimiento, preocupación por su estatus migratorio o acceso insuficiente a asistencia para la preparación de impuestos.
Proporcionar acceso a la autorización de trabajo a los inmigrantes indocumentados aumentaría sus contribuciones fiscales, tanto por el aumento de sus salarios como por el aumento de su cumplimiento tributario.
Y es que en un escenario donde se otorga la autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados actuales, sus contribuciones fiscales aumentarían en 40,2 mil millones anuales, alcanzando los $136,9 mil millones.
La mayor parte de los nuevos ingresos recaudados en este escenario (33,1 mil millones) se destinaría al gobierno federal, mientras que el resto (7,1 mil millones) se destinaría a los estados y municipios.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
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