Frenar la migración indocumentada; objetivo de Trump
A partir de la orden ejecutiva firmada el pasado 20 de enero por Donald John Trump presidente de Estados Unidos, donde declara “Emergencia Nacional en la frontera sur de los Estados Unidos, el impacto de esta entre la comunidad migrante, en particular aquella que habría estado esperando por su cita a través de la aplicación CBP ONE, vio frustrados sus sueños al no lograr obtener su asilo cuando el pasado 20 de enero el presidente Donald John Trump la canceló dejando a la deriva a cientos de miles de personas con un proceso ya iniciado.
El último reporte obtenido por Transactional Record Access Clearinghouse, (TRAC por sus siglas al inglés), señala que a finales de noviembre del 2024 de los 3 millones 738 mil 341 casos pendientes, un millón 740 mil 424 inmigrantes ya habían presentado solicitudes formales de asilo y estarían a la espera de audiencias o decisiones de asilo en el Tribunal de Inmigración.
Esta última cifra, según las autoridades migratorias habría perdido toda posibilidad de poder lograr este alivio migratorio otorgado por la administración de Joseph Biden Jr.
Y es que aunado a esto y como parte de su estrategia para combatir la migración indocumentada, a través de una orden ejecutiva titulada “Garantizar la protección de los estados contra la invasión”, Trump señaló que:
“La soberanía de Estados Unidos está bajo ataque. Nuestra frontera sur está invadida por cárteles, bandas criminales, terroristas conocidos, traficantes de personas, contrabandistas, hombres en edad militar no investigados provenientes de adversarios extranjeros y narcóticos ilícitos que dañan a los estadounidenses, incluido Estados Unidos.
Esta invasión ha causado un caos generalizado y sufrimiento en nuestro país durante los últimos cuatro años. Ha llevado a los asesinatos horribles e inexcusables de muchos ciudadanos estadounidenses inocentes, incluidos mujeres y niños, a manos de inmigrantes ilegales. Las bandas criminales y los cárteles extranjeros han comenzado a tomar el control de partes de las ciudades, atacando a nuestros ciudadanos más vulnerables y aterrorizando a los estadounidenses más allá del control de las fuerzas de seguridad locales. Los cárteles controlan vastos territorios justo al sur de nuestra frontera sur, controlando efectivamente quién puede y quién no puede viajar a los Estados Unidos desde México. Cientos de miles de estadounidenses han muerto trágicamente por sobredosis de drogas debido a los narcóticos ilícitos que han cruzado la frontera sur.
Este ataque al pueblo estadounidense y a la integridad de las fronteras soberanas de Estados Unidos representa una grave amenaza para nuestra nación.
Debido a la gravedad y emergencia de este peligro actual y amenaza inminente, es necesario que las Fuerzas Armadas tomen todas las medidas apropiadas para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a obtener el control operativo total de la frontera sur.
Para proteger la seguridad y protección de los ciudadanos de los Estados Unidos, para proteger a cada uno de los Estados contra invasiones y para cumplir con mi deber de asegurar que las leyes se ejecuten fielmente, es mi responsabilidad como Presidente asegurar que el ingreso ilegal de extranjeros a los Estados Unidos a través de la frontera sur se detenga de inmediato y por completo”.
Otra de las medidas implementadas a partir de las órdenes ejecutivas mencionadas es el reinicio del llamado Protocolo de Protección de Migrantes, (MPP por sus siglas al inglés), que permite a las autoridades migratorias devolver a ciertos solicitantes para su admisión al país vecino del que llegan en espera de que se completen los procedimientos de deportación de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, (INA).
Entre el 20 de enero de 2021 y el 29 de octubre de 2021, el secretario interino David Pekoske, y luego el secretario Alejandro Mayorkas, intentaron en repetidas ocasiones suspender o terminar la Política de MPP.
Tras una serie de acciones legales, un tribunal federal suspendió el último intento del secretario Mayorkas de terminar la Política de MPP.
El Departamento de Justicia, siete meses después de que se dictara esa suspensión, desestimó voluntariamente la apelación del gobierno federal, aceptando mantener vigente la Política de MPP en el futuro previsible
Según las declaraciones realizadas por el gobierno federal ante el tribunal, el DHS cumplió en todo momento con esa orden judicial, pero los hechos sobre el terreno “hicieron imposible reiniciar la Política de MPP. La situación en la frontera ha cambiado y los hechos sobre el terreno son favorables a la reanudación de la implementación de la Política de Protección de los Migrantes de 2019.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
@enlacemagazine
