Ley Dignidad 2025: Una opción migratoria entre lo posible y lo insuficiente

A poco más de seis meses de la nueva administración federal de los Estados Unidos, la ley de la Dignidad 2025 podría ser la solución a la migración indocumentada. 

Esta propuesta bipartidista fue impulsada inicialmente por la congresista María Elvira salazar el 23 de mayo del 2023.  

Apenas el pasado 15 de julio de este año esta iniciativa fue modificada y acompañada por la también congresista demócrata Verónica Escobar. 

La nueva versión de la Ley Dignidad, presentada hace unos días, es una actualización de la propuesta original del 2023.  

Aunque las dos versiones ofertan un estatus migratorio temporal a millones de inmigrantes indocumentados, la segunda versión endurece algunos requisitos: reduce el año límite de entrada, sube la multa a pagar de 5,000 a 7,000 dólares y agrega centros especiales para procesar solicitudes de asilo más rápido. 

 También suma apoyos demócratas, como la congresista Verónica Escobar, en un intento de hacer la ley más viable políticamente. A pesar de estos cambios, el fondo sigue siendo el mismo: una alternativa a la deportación masiva que da trabajo legal, pero sin ofrecer ciudadanía automática.  

Esta iniciativa también habla de un control migratorio, obliga a la construcción de barreras físicas e implementa tecnología avanzada de vigilancia, además obliga a los empleadores a la verificación del estatus migratorio de los trabajadores a laborar en las empresas del país. 

Esta ley además incrementaría los castigos por cruces irregulares, tráfico sexual infantil relacionado con la inmigración, exigir pruebas de ADN para verificar la relación familiar en casos migratorios.  

El documento, incluye también una reforma en el sistema de asilo, con un máximo de 60 días para una respuesta e impone sanciones más severas por fraude en este tipo de alivios migratorios, así como eliminar el proceso de captura y liberación, mejor conocido como catch and release); además de crear centro humanitarios federales cerca de la frontera para procesar a solicitantes de asilo. 

Y lo que podría calificarse como la cereza del pastel para las personas indocumentadas es la oferta de un  estatus legal temporal por 7 años a quienes hayan vivido en Estados Unidos desde antes de 2021;  aprueben una verificación de antecedentes penales,  y donde los requisitos son: 

Pagar siete mil dólares de restitución en 7 años; no recibir beneficios federales como Medicaid; no otorga ciudadanía ni camino hacia ella y al finalizar el programa, pueden seguir viviendo y trabajando legalmente en ese país. 

Para lograr esto, se crearía un fondo de 70 mil millones de dólares financiado por los propios migrantes donde habría capacitación laboral, programas de aprendizaje y educación superior y vendría a resolver la escases de mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción. 

Sin embargo, en ningún momento hay un beneficio para quienes se pudieran acoger a ella, pues como ya ha sucedido con otras propuestas, no habría un camino a la ciudadanía, y eso es lo que buscan los inmigrantes quienes ya dieron gran parte de su vida en ese país y sin embargo no ha habido una mínima reciprocidad. 

Para Francisco Moreno de Michoacán y director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica, con residencia en los Ángeles California, esta iniciativa es lo menos peor de lo malo de esta crisis migratoria. 

“Esta ley tiene ya casi tres años, desde el periodo de Biden y no habia agarrado vuelo, sino hasta ahora y tal parece que algunos republicanos la han visto interesante creo que son 20 los que están de acuerdo y va creciendo el número. Eso por un lado, señaló. 

Dijo Moreno que en este momento es lo único que está enfrente, “y aunque sea malita la propuesta es lo que tienen los republicanos, no hay otra cosa y aunque esté malita la propuesta, y aunque sean mil dólares al año en siete años y los migrantes que puedan ser elegibles para esta ley van a durar tiempo para poder convertirse en residentes legales y todavía más tiempo para ser ciudadanos  

Moreno aseguró que hasta el momento es la única propuesta que hay, “y le vamos a dar adelante y estamos esperando una reunión con la congresista Elvira Salazar para hablar sobre ello”. 

Preguntado sobre la ausencia de un camino a la ciudadanía en dicha iniciativa, Moreno explicó que esto se estaría viendo en el camino; “lo primero es que nuestra gente tenga su permiso de trabajo, el seguro y un camino a la residencia en siete años y después de eso todo puede cambiar porque después de ser residentes legales ya podamos tener un gobierno más benévolo y poner a esa gente en camino a la ciudadanía”. 

“Lo menos peor, porque de otra maenra ni hay ningúna otra propuesta ahorita y dudo a como está Donald Trump incluso él y su gente se van a opner a esto  pero todavía falta mucho y esto tiene que llegar a su gente,  y no sabemos si puede pasar y yo personalmente estoy empujando a COLEFOM para que le digamos si a esta propuesta y algunos cambios pero agarrarnos a ese tren pase lo que pase”.  

José Ángel Cano, originario del poblado de Peña del municipio del Oro, Durango, residente de la ciudad de Chicago, y presidente del Club de Peña constituido hace poco más de 20 años, opinó qué sin importar esta iniciativa, mientras Trump continúe en el poder no hay garantía de que las cosas se van a resolver. 

“Yo ya me estoy preparando para regresar a Durango, aquí no hay nada seguro, en cualquier momento nos pueden echar a pesar de tener la ciudadanía”. 

Cano dijo que como parte de su estrategia personal él se ha ido preparando con conocimientos sobre otros oficios que le pudieran redundar en ganancias al regresar a su natal Durango. 

Aseguró Cano que los daños hechos a la economía son graves; “cualquier rumor que se suelta donde se habla sobre las redadas de migración es suficiente para que los negocios estén solos”, y agregó., “es por ello que quiero regresar a mi pueblo y disfrutar con mi familia”. 

Por su parte, Vicente Ortíz, tesorero y fundador  de la Asociación de Jalisciences Unidos en Acción, (AJUA); explicó que la iniciativa de Ley de Dignidad 2025 opinó que yo la escuche de la congresista creo que ahorita es la única oportunidad que tenemos de que haya una regularización de documentación que tenemos para nuestra gente, no hay otra opción si se ponen de acuerdo republicanos y demócratas, si puede funcionar, aunque  no para todos; pero si para un gran grupo y creo que podría ser las vías que podría beneficiar a muchas de las personas”, señaló. 

Ortíz apuntó que, “cualquier esfuerzo que haya para regularizar a nuestra gente yo creo que es bienvenido, inclusive hasta nosotros le damos un buen visto a aquellas que pudieran ser una forma de que nuestra gente pueda ser contratada de una manera temporal y supla esos puestos laborales con tal de que nuestra gente esté bien y con tranquilidad de trabajar y poder regresar a su lugar de origen”. 

Ortiz finalizo diciendo que esta iniciativa debería de contener una reforma integral “donde puedan tener a todos los que ya están, y que puedan comprobar que son personas de bien y  vínculos familiares”, puntualizo. 

Por Luis Ángel Galván Peimberth 

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