Remesas, inclusión financiera y dependencia económica: del diagnóstico regional a la realidad de Durango
Fotografía (IA)
Un estudio reciente de la Alianza para la Inxclusión Financiera, (AFI), advierte que, en América Latina y el Caribe, millones de personas migrantes y sus familias siguen dependiendo de las remesas como principal fuente de ingreso, mientras enfrentan barreras estrructurales para acceder al sistema financiero formal.
La falta de documentación válida, la ausencia de historial crediticio y los altos costos de envío mantienen a buena parte de la población migrante en condiciones de vulnerabilidad económica, incluso cuando los flujos de dinero son elevados.
México va en este diagnóstico. En 2024, el país registró ingresos históricos por remesas cercanas a los 64 mil setecientos millones de dólares, consolidándose como uno de los principales receptores a nivel mundial.
Sin embargo, el propio estudio advierte que un alto volumen de remesas no gartantioza estabilidad, sobre todo cuando estas se convierten en el principal sostén de millones de hogares sin acceso a ahorro, crédito o mecanismos de protección financiera.
Ver: https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2024/06/AFI-LAC-Migrants-Special-Report_SP-v3.pdf
Durante 2025, esa fragilidad comenzó a hacerse visible. Los envíos de dinero hacia México mostraron una desaceleración y caídas interanuales en varios meses.
Entre las causas se encuentran el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, una mayor precarización laboral, el aumento del costo de vida y una menor capacidad de ahorro entre las personas migrantes.
A este escenario se suma un factor decisivo: el impacto directo de las detenciones y deportaciones.
Cuando una persona migrante es detenida, el ingreso se corta de forma inmediata. En muchos casos se pierde el empleo, el acceso a cuentas bancarias y la posibilidad de enviar dinero. La deportación implica un corte total y abrupto del flujo de remesas, sin margen de adaptación para las familias que dependen de esos recursos.
Este contexto nacional tiene un efecto directo en estados con alta tradición migratoria, como Durango.
En 2024, la entidad recibió alrededor de mil 370 millones de dólares en remesas, una cifra equivalente a más del diez por ciento de su porducto interno bruto. Aunque el monto sigue siendo alto, representó una ligera disminución respecto a 2023.
La tendencia se acentuó en 2025. Entre enero y septiembre, Durango acumuló cerca de 965 millones de dólares, con una caída de aproximandamente el 5.4% frente al mismo periodo del año anterior.
En municipios como Duransgo, Gómez Palacio y Lerdo, la reducción se reflejó en menor consumo, retraso en mejoras de vivienda y dificultades para sostener pequeños negocios familiares.
Más allá de las cifras, la caída de remesas en Durango responde también a trayectorias migratorias interrumpidas.
Cada detención o deportación implica no solo el regreso forzado de una persona, sino la pérdida de un ingreso esencial para hogares completos. La dependencia de las remesas deja así de funcionar como amortiguador y expone su carácter frágil.
El estudio de AFI coincide con una realidad: mientras las remesas sigan operando como sustituto de políticas de desarrollo local e inclusión financiera, cualquier cambio en el control migratorio o en el mercado laboral tendrá un impacto inmediato en las comunidades de origen.
El reto no es solo mantener el flujo de dinero, sino lograr una transformación en estabilidad, ahorro y oportunidades, para que las familias no queden a merced de decisiones tomadas lejos de una realidad cotidiana.
Por Luis Ángedl Galván Peimberth
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