ICE aumenta detenciones, pero sin resultados: 74% de los detenidos no tiene antecedentes y las deportaciones apenas suben 7%

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Tras el fin del cierre gubernamental, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicó nuevos datos que permiten medir, por primera vez en semanas, el verdadero impacto de la estrategia migratoria del presidente Donald Trump.

El discurso oficial habla de fuerza, control y resultados “sin precedentes”. Sin embargo, las cifras revelan algo muy distinto: un enorme despliegue de recursos militares, policiales y administrativo, para resultados mínimos.

 

El dato más real es el perfil de quienes están siendo detenidos. Al 16 de noviembre de 2025, ICE mantiene bajo custodia a 65,135 personas, un aumento de más de 5 mil respecto al periodo previo al cierre. Pero el 97% de ese incremento corresponde a personas sin condena penal alguna. Hoy, casi tres de cada cuatro personas detenidas por ICE (73.6%) no tienen antecedentes, ni siquiera por faltas menores de tránsito. Es decir, la maquinaria federal se está enfocando abrumadoramente en migrantes sin historial criminal.

Pero si el objetivo es aumentar deportaciones, los resultados también contradicen la narrativa oficial. Sumando los datos del año fiscal 2025 y los primeros meses del 2026, la administración Trump ha concretado 290,603 deportaciones, apenas 7% más que en 2024, último año completo de Joe Biden. Esto, a pesar de la movilización de personal militar, agentes adicionales y amplificación de operaciones en comunidades, carreteras y lugares de trabajo.

En pocas palabras: más detenciones, más gasto, más fuerza… pero sin un aumento significativo en deportaciones.

El contraste es aún mayor si se considera la falta de transparencia. ICE sigue negándose a informar a quiénes dirige sus operativos, cuánto cuestan y qué resultados tangibles producen. La mayoría de la información pública proviene de organizaciones independientes como TRAC, que documentan con precisión un patrón preocupante: la administración Trump está intensificando la persecución, pero no está logrando los resultados que promete.

Mientras tanto, miles de familias —muchas sin registros criminales— quedan atrapadas en un sistema que presume eficiencia, pero que en la práctica parece guiado más por la política que por la efectividad.

 

 

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