El sistema de detención migratoria en Estados Unidos alcanzó en enero de 2026 el nivel más alto del que se tenga registro.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indican que alrededor de 73 mil personas se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a mediados de este mes.
Este incremento confirma una tendencia que ya había sido documentada en un reporte publicado en enero por el American Immigration Council, el cual advertía que durante 2025 la población detenida por ICE pasó de aproximadamente 40 mil personas a inicios del año a cerca de 66 mil en noviembre. El crecimiento ha sido impulsado por una expansión deliberada del uso de la detención como eje central de la política migratoria.
El informe también señala una reducción de alrededor del 87 por ciento en las liberaciones discrecionales durante 2025, lo que implica que un mayor número de personas permanece detenido mientras enfrenta procesos administrativos, incluso cuando no representa una amenaza para la seguridad pública.
Un reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), organismo independiente que analiza datos oficiales del gobierno estadounidense, muestra que la mayoría de las personas detenidas por ICE no tiene antecedentes penales.
De acuerdo con TRAC, 73.6 por ciento de las personas bajo custodia de ICE hasta noviembre de 2025 no contaba con una condena criminal, lo que confirma que la detención migratoria continúa enfocándose principalmente en faltas administrativas de carácter civil y no en delitos graves.
Estos datos contrastan con la narrativa oficial que vincula migración y criminalidad. En este segundo periodo presidencial de Donald Trump, el discurso y las acciones migratorias han reforzado esa asociación, pese a que las cifras oficiales muestran una realidad distinta.
Durante las primeras semanas de 2026, ICE ha mantenido una población detenida que oscila entre 66 mil y 73 mil personas, una cifra elevada si se compara con el promedio observado en el último año de la administración Biden, cuando el número se ubicaba entre 55 y 60 mil detenidos, según datos federales.
Desde México, el gobierno federal ha reconocido un incremento en las detenciones de personas mexicanas en Estados Unidos, así como un repunte en las deportaciones, especialmente en estados del sur y del medio oeste estadounidense.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha advertido que este escenario incrementa la carga de trabajo de los consulados mexicanos y afecta directamente a las comunidades de origen, donde muchas familias dependen de las remesas enviadas por personas que hoy enfrentan procesos de detención o deportación.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes señalan que el aumento de las detenciones tiene efectos inmediatos: interrupción del empleo, reducción del envío de remesas y mayor incertidumbre económica para miles de familias.
En contraste, grupos que respaldan la política migratoria de Donald Trump sostienen que el fortalecimiento del sistema de detención es necesario para restablecer el orden fronterizo. La Federation for American Immigration Reform estima en 18.6 millones las personas indocumentadas que residen en Estados Unidos y argumenta que la migración irregular tiene profundas implicaciones para la sociedad estadounidense.
Por su parte, NumbersUSA ha señalado que el nivel actual de inmigración, incluyendo la legal, excede las recomendaciones históricas y respalda políticas que reduzcan los flujos migratorios como vía para una mayor estabilidad económica.
Las cifras colocan el debate en un punto crítico: más detenciones no se traducen necesariamente en mayor seguridad, pero sí generan impactos sociales, económicos y humanos de largo alcance. Mientras tanto, miles de migrantes enfrentan la incertidumbre del encierro, la deportación y la posible pérdida del sustento que mantiene a familias enteras a ambos lados de la frontera.