El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó una orden judicial que bloquea una directiva del expresidente Trump, la cual buscaba negar la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en EE.UU. de padres presentes de forma temporal o ilegal. Esta directiva contradecía la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
El antecedente clave de este fallo es el histórico caso United States v. Wong Kim Ark (1898), que estableció que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional sin importar el estatus migratorio de los padres.
En el fallo, la mayoría de los jueces sostuvo que los estados afectados tenían legitimación legal para demandar, pues la orden ejecutiva les causaría daños económicos y administrativos al afectar fondos federales y aumentar la carga burocrática. Además, enfatizaron que la directiva presidencial violaba claramente la Constitución, por lo que era necesario emitir una orden judicial nacional para proteger esos derechos.
La mayoría señaló que “los daños alegados por los estados —pérdida de reembolsos federales, costos administrativos, pérdida de tarifa por número de seguro social— eran concretos y suficientes para otorgarles standing”. cdn.ca9.uscourts.gov.
No hay que olvidar que la orden ejecutiva intentaba reinterpretar la Decimocuarta Enmienda sin un proceso legislativo ni enmienda constitucional, lo cual fue considerado inconstitucional cdn.ca9.uscourts.gov.
Ademá, el tribunal reafirmó su rol como contrapeso frente a decisiones ejecutivas que amenacen derechos fundamentales, justificando así una orden judicial de alcance nacional
En contraste, la opinión disidente del juez Bumatay argumentó que los estados no demostraron daños concretos que les dieran derecho a demandar, y que la intervención judicial nacional era excesiva. Según él, los tribunales deben respetar la autoridad presidencial en materia migratoria y evitar bloqueos amplios de políticas ejecutivas.“Los tribunales deben actuar con moderación cuando se trata de políticas migratorias. No podemos bloquear decisiones presidenciales solo por desacuerdos políticos”, subrayó el Juez Patrick Bumatay.
Así, este fallo reafirma el derecho a la ciudadanía por nacimiento consagrado en la Constitución y establece límites importantes sobre el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria, mientras genera debate sobre el papel de los estados y tribunales en estos temas.
Por Luis Ángel galvanizaos Peimberth
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