Bloquean temporalmente SB4, sin embargo existe preocupación por acciones futuras de Abbott
A unos días de su aplicación, la Ley SB4 ha sido bloqueada en forma temporal, obligando a Greg Abbott, gobernador de Texas a poner un alto en su afán por frenar la llegada de la migración indocumentada a su estado.
Este ordenamiento jurídico había sido aprobado en noviembre pasado tras una larga serie de sesiones, hasta que finalmente el 18 de diciembre fue firmada, misma que entraría de forma integral este próximo 05 de marzo.
Esta ley, de manera simple otorga facultades a los departamentos de policía locales para detener a personas que se presume ingresaron de forma indocumentada y les da autoridad para emitir órdenes de regreso a otro país.
Estas órdenes de expulsión podrían ser otorgadas por jueces texanos en lugar de continuar con el enjuiciamiento.
Además, en caso de caer en algún delito grave, las personas podrían pasar de 2 a 20 años en prisión, así como recibir multas”.
En su momento, organizaciones no gubernamentales en apoyo a migrantes manifestaron su reprobación e impulsaron acciones legales para tratar de contrarrestarlos efectos de esta ley.
Entre estas, está la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), presentaron una demanda impugnando dicho proyecto.
Esta ley también autorizará a los jueces de Texas, que no están capacitados en leyes de inmigración y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir, a ordenar la deportación de una persona sin el debido proceso y antes de que tenga la oportunidad de buscar protección humanitaria.
La demanda, de acuerdo al comunicado de prensa de ACLU, afirma que la SB 4 es inconstitucional, argumentando que la ley tiene prioridad sobre la ley federal.
Ver demanda:
Los demandantes que impugnan la ley son Las Americas Immigrant Advocacy Center , American Gateways y el condado de El Paso, Texas.
“Los esfuerzos del gobernador Abbott para eludir el sistema federal de inmigración y negar a las personas el derecho al debido proceso no sólo son inconstitucionales, sino que también son peligrosamente propensos a errores, y dañarán desproporcionadamente a las personas negras y de color, independientemente de su estatus migratorio”, dijo Anand Balakrishnan, funcionario de ACLU.
Estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, incluido el litigio, para evitar que esta atroz ley entre en vigor”.
Los defensores han advertido que la ley separará a las familias y conducirá directamente a la discriminación racial, sometiendo a miles de texanos negros y morenos al sistema penitenciario estatal que ya está plagado de abusos contra los derechos civiles.
La denuncia sostiene que la ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
La nueva ley SB4 ley pasa por alto a la federal, ya que los jueces de Texas estarían autorizados (y en algunos casos, obligados) a ordenar la deportación de una persona independientemente de si es elegible para buscar asilo u otras protecciones humanitarias bajo la ley federal. La aplicación de la ley no se limita a las comunidades fronterizas, lo que significa que los texanos de todo el estado estarían en riesgo de ser arrestados, encarcelados y deportados.
Adriana Piñón, directora legal de ACLU, señaló, “estamos demandando para bloquear uno de los proyectos de ley antiinmigrantes más extremos del país”.
Dijo además que, “el proyecto de ley anula los principios constitucionales fundamentales y desacata la ley federal de inmigración al tiempo que perjudica a los tejanos, en particular a las comunidades de color y negra. Una y otra vez, los funcionarios electos en Texas han ignorado a sus electores y han optado en su lugar por la retórica supremacista blanca y el encarcelamiento masivo. El estado desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes en políticas y vigilancia fronteriza fallidas que podríamos gastar en educación, mejor infraestructura y mejor atención médica. Los tejanos merecen algo mejor y estamos responsabilizando a los políticos de Texas para asegurarnos de que esta ley nunca entre en vigor”.
Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas apuntó; “hemos presentado una demanda para bloquear el Proyecto de Ley Senatorial 4 porque tendrá un impacto devastador en las personas que buscan seguridad en nuestras fronteras y en los tejanos de todo el estado”.
Por su parte, Jennifer Bbaie, directora de Defensa y Servicios Legales del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas en el Paso Texas, Ciudad Juárez y Nuevo México declaró:
“La SB 4 de Texas utiliza la cobertura de la ley estatal para cometer un ataque odioso e ilegal a la Constitución de los Estados Unidos, que amenaza los derechos y el bienestar de todos los tejanos. Esta ley es intolerable. Nos negamos a dejarlo así. Como personas que vivimos y trabajamos en comunidades de inmigrantes, como tejanos que valoramos nuestros derechos y los de nuestros vecinos, es nuestro deber y nuestro honor desafiar la SB 4 en los tribunales y denunciar su flagrante racismo.
Las personas y comunidades a las que se dirige esta ley son fuertes, resilientes y se defenderán a sí mismas y a sus derechos. Estamos orgullosos de representarlos en los tribunales. Instamos al gobierno federal a unirse a nosotros para demandar a Texas para defender nuestras comunidades, nuestros derechos civiles y la constitución. Exigimos que el Departamento de Justicia intervenga rápidamente. Cualquier retraso abdica de nuestras leyes de inmigración, fomenta la anarquía y somete a nuestras comunidades al racismo y nuestro bienestar a la cobardía”.
Edna Yang, codorectora ejecutiva de American Gateways señaló: “nos sumamos a este desafío porque los funcionarios locales no deben ser designados agentes de aduanas y protección fronteriza, especialmente cuando no tienen la capacitación u orientación adecuada para hacerlo. Nuestro estado debería trabajar con el gobierno federal para impulsar reformas y soluciones reales para ayudar a los inmigrantes que vienen a los EE. UU. y a las comunidades que trabajan para recibirlos”.
Finalmente, David Stout, comisionado de El Paso aseveró que, “el Condado de El Paso brindó testimonio durante las sesiones ordinarias y especiales, pero la Legislatura decidió ignorar nuestras voces e imponer una ley costosa e inconstitucional a los contribuyentes locales. No tenemos más remedio que defender a nuestra comunidad de un mandato no financiado para perfilar racialmente a los residentes. La Legislatura eligió la política sobre las personas, lo que nos hace a todos menos seguros”.
Por su parte, Ricardo Samaniego, juez del condado de El Paso, dijo: “la SB4 crea un entorno peligroso para el público al crear la posibilidad de crear perfiles dañinos de personas que no merecen este tratamiento por parte de las autoridades. La capacidad de discernir entre residentes, ciudadanos y migrantes es muy difícil en una comunidad que es 80% hispana.
“Un efecto negativo secundario es la amenaza indirecta de la SB 4 a nuestra economía. Tengo entendido que es el mandato sin financiación más caro que jamás se haya impuesto a nuestra comunidad. Uno de los impactos colaterales de la SB 4 es que si el costo proyectado se cumple, tendremos que utilizar fondos de otras iniciativas como infraestructura, calidad de vida y nuestra capacidad para atraer exitosamente negocios a nuestra comunidad como lo hemos hecho con Meta. , TJMAXX y Shneider Electric. Estas empresas se sintieron atraídas por nuestra capacidad para crear la atmósfera y la infraestructura adecuadas que estuvieran alineadas con sus objetivos futuros. Existe una alta probabilidad de que nuestros esfuerzos por atraer nuevos negocios en el futuro se vean obstaculizados por la SB 4”.
Mientras tanto, la aplicación de la ley está en suspenso debido a la decisión de Daviz Ezra, juez federal en San Antonio Texas, y se está a la espera del análisis de esta ley y el fallo del juzgador.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
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