Organizaciones legales, incluyendo Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union, ACLU of Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, presentaron ayer una demanda federal que impugna la nueva ley anti-inmigrante de Florida, el Proyecto de Ley 1718 del Senado.
Este recurso legal se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal desde entonces.
Aquí la demanda:
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La demanda establece que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término “inspección” es incoherente e inconstitucionalmente vago.
El caso se presentó contra el gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida, en nombre de la Farmworker Association of Florida (Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida) y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde Florida.
La Sección 10 es solo una de una serie de nuevas leyes dentro del SB 1718 que perjudican a los inmigrantes de Florida y a sus familias y busca atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas. La ley inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica, amplía los requisitos de E-Verify y las sanciones a las empresas, prohíbe que el gobierno local financie nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de la Florida en Miami.
De la redacción
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