Comunidad migrante bajo ataque; Ley SB-1718 criminaliza a indocumentados en Florida

El potencial económico que el estado de Florida representa mensualmente para México por concepto de envíos de la divisa norteamericana, equivale a 105 millones 324 mil 129 dólares, (Banxico), donde los connacionales forman parte de una población económicamente activa de 10.96 millones de personas de una población de 22 millones 483 mil habitantes, según datos del Buró del Censo de Estados Unidos en el 2020

Sin embargo, el panorama que ahora se dibuja  en ese estado tan próspero es  uno más agreste, pues a pesar de que el sector agrícola es  un alto productor en flores, plantas de follaje para uso en interiores, tomates, naranjas, maíz dulce, sandía, pimientos, y fresas con un ingreso anual de más de 4 mil millones de dólares, (Departamento de Agricultura de Florida); hoy es desolador, pues diariamente trabajadores que laboraban en los diversos rubros como agricultura, construcción y restaurantes han abandonado sus puestos debido a la aplicación de la SB 1718 firmada el pasado 10 de mayo por Ron DeSantis, gobernador de Florida y que iniciaría su vigencia este uno de julio.

El ordenamiento jurídico fue presentado en cuatro fechas diferentes; la primera el 7 de marzo; la segunda el 17 del mismo mes; la tercera el pasado 26 de abril y la última con las más recientes adiciones el pasado 02 de mayo.

Esta ley en sus puntos principales dispone:

Requiere que las empresas con más de 25 empleados usen a la hora de contratar trabajadores el programa E-verify para determinar su estatus migratorio y establece multas para los infractores.

– Obliga a los hospitales que aceptan el seguro publico Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes.

– Hace que el transporte de personas al estado de Florida sin un estatus migratorio sea un delito punible con hasta 15 años de prisión.

– Prohíbe la financiación de programas de ciudades y condados para dar tarjetas de identificación a migrantes sin un estatus migratorio regulado.

– Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes sin documentos.

– Deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que todavía están regulando su estatus migratorio.

– Requiere que las agencias de aplicación de la ley recolecten muestras de ADN de personas que no poseen un estatus migratorio regulado y están detenidas bajo una solicitud de detención federal.

– Asigna 12 millones de dólares para el traslado de inmigrantes a otros estados del país.

Aquí, la ley:SB- 1718 Final

Impacta ley en comunidad

Para Martín Rivas Cerda, originario de Mapimí Durango y quien hasta este pasado fin de semana formaba parte de la fuerza laboral en Florida, hoy no lo es más pues el temor de ser detenido bajo esta nueva ley lo ha obligado a autodeportarse y regresar a Durango para buscar en su comunidad de origen una opción laboral que le permita sostener a él y su familia.

“Tomé la decisión de regresarme porque en primer lugar se va a poner bien canijo con la migración; ya no es igual que antes además de que cobran más, pues antes yo pagaba mil quinientos, (dólares) por pasar, y esta última vez me cobraron 7 mil quinientos dólares”.

Al momento de la entrevista vía telefónica, Rivas Cerda estaba abordando el autobús que lo traería de regreso a Durango, y describió que venía acompañado por lo menos 20 personas que también regresaban a sus lugares de origen por situación similar a la de él; “venimos muchos de regreso, no queremos que nos deporten y por eso preferimos volver a México en forma voluntaria”.

Los últimos dos años, Martín había estado trabajando en la construcción; “en México también hay vida, solo buscándole; mucha gente ya se está regresando pues se les acabó el trabajo y si veo mucha preocupación en la gente”.

La actitud de las personas también ha cambiado, señaló; “antes se paraban y te daban un ‘ride’ al trabajo, ahora ya ni eso pues tienen miedo de que los multen o los metan a la cárcel”.

El camino de regreso a México que eligió fue por la frontera con Laredo, “ya la gente se va bajando en los diversos poblados, pero van preocupados por la situación”.

Areli Pérez originaria del estado de Hidalgo y con más de 20 años de residir en Florida, además de ser activista en Florida Central es conductora de servicio privado, y aunque ella es residente legal en los Estados Unidos, su empleo la coloca en una situación riesgosa.

“Saber que conduces y que podrías transportar a alguien sin documentos me podría poner en una difícil situación, pues la ley castiga a toda persona que transporte a otra y que esta última sea indocumentada”.

Pérez como parte activa de la comunidad hispana en Florida a partir de que se dio a conocer la ley y los efectos que esta podría acarrear junto con otros activistas se dieron a la tarea de informar a la comunidad sobre ello y de las consecuencias que este nuevo ordenamiento traería para la comunidad, en especial para los indocumentados.

“La ley cuando se dio a conocer fue tan fuerte y causó miedo e impacto entre nuestros hermanos porque quería criminalizar, entonces creo que en el momento todo fue así tan rápido y la propuesta ni siquiera dio tiempo de respirar y a pesar de que nosotros nos estuvimos moviendo para hablar a legisladores, senadores y hacerles ver que con esa ley estarían dañando a los negocios y empleos de las personas fue cuando nos dimos cuenta de sus efectos”.

Lo que sucedió después, explicó esta hidalguense fue que muchas personas comenzaron a abandonar el estado, buscando otras opciones en ciudades donde las restricciones no fueran tan severas, dejando atrás amigos, familiares y el patrimonio formado con muchos años de sacrificios.

“Aquí la mayor fuerza laboral son los mexicanos, y cuando se habla de personas indocumentadas en automático la gente piensa que nosotros, (los mexicanos), lo somos, olvidando que también hay salvadoreños, guatemaltecos, inclusive europeos”, apuntó.

“Estamos viviendo un tiempo de elecciones, y nosotros los mexicanos somos la carnada perfecta; nuestro país debería de ser más diplomático y en la medida de lo posible defender nuestros derechos, México debería declarar a Florida como estado de emergencia y salir en defensa de su gente”, aseveró.

César Marfil, de la Cámara de Comercio Mexicana en Florida señaló que los efectos de esta ley desde el punto de vista económico aún se esperan; “será un impacto muy grande para la economía; aún no sabemos de números, pero esto ya está pegando”.

Preguntado si las empresas mexicanas afiliadas a la Cámara ya han adoptado alguna estrategia para blindar estos efectos, Marfil dijo están en ello; “son treinta las empresas que forman la membresía y hasta el momento no ha habido un impacto directo, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder”.

Los alcances de esta ley podrían tocar también a beneficiaros del DACA

Orlando Monarrez, originario de la ciudad de Durango, 27 años de edad, fue llevado desde pequeño a los Estados Unidos; con el tiempo logró el beneficio del DACA.Y aunque esta condición legal no le permite avanzar para alcanzar la ciudadanía, le otorga una estancia legal, así como trabajar, estudiar, y recibir derechos y beneficios casi como cualquier estadounidense.

“Tengo un año viviendo aquí en Florida y tengo temor de que a nosotros también nos puedan detener pues hace unos días le prohibieron ejercer a abogados que están bajo el DACA, si ellos que ya están ejerciendo los quitaron, entonces, ¿Qué podemos esperar nosotros?

Al 31 de diciembre del 2022, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, (USCIS, por sus siglas al inglés), contabilizó un total de 580 mil 810 beneficiarios del DACA y donde 469 mil 70 son de México, lo que representa un 80.83% del total de los soñadores.

En Florida hay a la fecha 22 mil 750 dreamers.

Monarrez dijo que esperaría para ver qué rumbo tomaría esta ley, pero si es necesario él también tendría que migrar a otro estado para no ser presa de los efectos de la SB1718.

De acuerdo al Foro de Remesas 2022, reporta que el estado de Florida para el 2021 la población mexicana ascendía a 257 mil 933 donde la población ocupada son 162 mil 949 y donde 115 mil 209 son hombres y 47 mil 740 son mujeres.

Por Luis Ángel Galván Peimberth

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