Fotografía (Cortesía Facebook)
La tragedia ocurrida la noche del pasado 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración pone en evidencia el poco conocimiento y la falta de capacitación de los responsables de brindar seguridad a los migrantes para enfrentar una situación de esta magnitud.
De acuerdo a información nacional la tragedia inició como una forma de protesta de los propios migrantes contra ese instituto debido a que al día siguiente serían enviados al sur de México con el pretexto de llevarlos tramitar un permiso con fines humanitarios, situación que se podría haber solventado en las propias oficinas de las responsables en Ciudad Juárez.
Era claro que los 68 migrantes serían deportados a sus países de origen, y fue por ello que sus portestas escalaron al grado que el incendio que se provocó al interior de las celdas rápidamente escaló y los atrapó con las consecuencias del caso.
A la mañana siguiente el propio ejecutivo federal habló sobre lo ocurrido, sin embargo; nunca reconoció que el INM hubiera tenido responsabilidad y menos que se le tocara un pelo al propio delgado nacional.
Por años el Instituto Nacional de Migración ha sido motivo de quejas debido a la violación de los derechos de los migrantes y jamás ha habido ninguna consecuencia por ello.
Desgraciadamente hoy fallecieron 39 migrantes y 29 más están bajo pronóstico reservado.
Las políticas migratorias no han avanzado, siguen estancadas y aún así, los altos mandos justifican que México ha avanzado sobre todo en el respeto a los derechos humanos.
Hoy 39 familias lloran a sus muertos, hoy el rechazo de organizaciones no gubernamentales se pronuncian criticando el proceder de esa dependencia y que haga lo que haga no devolverá la vida a los fallecidos. Todo ocurre en México, un país de contrastes.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
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