Instituto de Protección al Migrante, sueño de muchos y botín de unos cuantos

El esfuerzo alcanzado por las comunidades de migrantes  que durante años buscaron una representación acorde a sus necesidades hoy se ha visto derrumbada por  dos factores que influyeron en la  decisión de eliminar la figura del instituto de atención y protección al migrante duranguense y su familia: el primero fue   la falta de capacidad del ahora ex director de esa dependencia para poner esta institución a la altura de las circunstancias del otro Durango, el de los connacionales duranguenses y sus orígenes;   y el segundo, el inmenso bache económico en el que el ahora ex gobernador José Rosas Aispuro Torres dejó sumido al estado y que difícilmente podrá salir adelante en los próximos meses, situación que obligó a la actual administración a tomar medidas extraordinarias para adelgazar el gasto público y entre ellas allanarse a la iniciativa promovida por el propio ex mandatario.

Desde su creación, en el 2018, este instituto acusó de una serie de anomalías que fueron dejadas a un lado para cumplir con las exigencias de un gobierno que solo buscó cumplir un compromiso electoral, atendiendo las necesidades de forma, pero no de fondo y en el proceso promover el culto personal de su director sin atender a las necesidades básicas de esa comunidad.

El trabajo a realizar no era complicado pero si laborioso: unir a las comunidades de migrantes para construir puentes de comunicación entre gobierno, connacionales y sus orígenes, situación que nunca ocurrió; por el contrario, alimentó más la desunión y promovió el encono al interior de las propias organizaciones de migrantes.

Desde el punto de vista económico, los presupuestos otorgados en un principio a este organismo descentralizado eran significativos, pues de ser una dirección de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes a convertirse en un instituto mereció casi nueve veces más de recursos anualmente.

Entre otras de las tareas básicas de esa dependencia debió de ser la conformación del Consejo Consultivo Migrante, acción que jamás se concretó, lo que dejó en claro el poco interés de las autoridades involucradas en ello para afrontar las realidades de los migrantes.

Durante el proceso, los connacionales fueron el blanco de la discriminación del propio congreso que durante casi dos legislaturas ignoró por completo sus derechos, uno de ellos, el votar y ser votado en un proceso electoral y  que el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se vio obligado a cumplir a través de una  acción afirmativa lo que reafirmó el desdeño de los propios legisladores quienes acusaron ignorancia y falta de sensibilidad para quienes por muchos años han sostenido la vida económica del estado y el país.

A esto se le agregó a la lista de una serie de promesas por parte del propio instituto para atender sus necesidades, mismas que iban más allá de un acta de nacimiento o un traslado de restos.

Y aún había más, pues a la lista se le sumaron abusos y violaciones a los derechos de los migrantes, incumplimiento a la creación de programas dirigidos a la reinserción de los duranguenses deportados, así como a la atención de las comunidades de origen.

A nivel laboral, maltrato a trabajadores y denuncias penales contra ex empleados argumentando robo de programas, acción que en principio fue cometida por la propia dependencia, así como también contubernio con algunos de ellos para el uso del recurso de pagos de servicios solicitados por familiares de migrantes para el llamado programa Abrazando Almas.

Todo lo señalado, más la declive económica del gobierno estatal hoy dan como resultado la degradación de un instituto que fue el sueño de muchos, la ambición de otros y el botín de unos cuantos.

Por Luis Ángel Galván Peimberth

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