El 23 de mayo era una fecha que había sido esperada con muchas expectativas por parte de los grupos defensores de migrantes pues sería la terminación del llamado Título 42; sin embargo, esto finalmente no ocurrió, pues un juez federal del estado de Luisiana a petición de 20 estados, decidió bloquear dicha terminación y que se continuara con la expulsión inmediata de extranjeros que podrían representar un grave peligro de propagación de la Covid-19, ya sea por personas o bienes que ingresan al país.
Véase documento:
Robert Summerhays, juez federal de distrito en Lafayettey quién bloqueó la terminación de esta medida, escribió que los abogados de 24 estados demandantes habían establecido que surgiría una “amenaza significativa de lesiones” si se levantara el Título 42, un estatuto federal de salud pública de 1944 implementado por la administración Trump al comienzo de la pandemia. Citó cifras del gobierno federal que predicen un aumento de tres veces en los cruces fronterizos diarios. “El registro también incluye evidencia que respalda la posición de los estados demandantes de que tal aumento en los cruces fronterizos aumentará sus costos de reembolsos de atención médica y servicios educativos”, escribió Summerhays en el fallo de 47 páginas. “Estos costos no son recuperables”.
De acuerdo al Departamento de Protección Fronteriza, (Customs en Border Protection al inglés), desde el año fiscal 2021 hasta este 20 de mayo del 2022 han sido expulsados bajo esta medida un millón 56 mil 288 extranjeros.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, (DHS por sus siglas al inglés) publicó este viernes 21 de mayo, que:
“Como hemos dicho reiteradamente, el Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública empleada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como medida de protección contra la propagación de enfermedades transmisibles, en este caso, el COVID-19. Daremos cumplimiento a la orden de la corte de continuar haciendo cumplir de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades mientras permanezca vigente. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará ejecutando su plan integral que suma a todo el gobierno para gestionar los incrementos potenciales en la cantidad de migrantes que se encuentran en nuestra frontera. Como parte de este esfuerzo, el DHS ha establecido un Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste para ejecutar esos planes. El DHS también aumentará el personal y los recursos según sea necesario, y ya ha redistribuido más de 600 agentes de la ley adicionales a la frontera”.
Para Irineo Mújica, director de Pueblos sin Fronteras, una organización no gubernamental que defiende los derechos de los migrantes, el bloqueo de esta medica continuará pues están en juego muchos millones de dólares.
“Para Biden es solo una argucia política que le da dividendos y para López Obrador un beneficio económico que será destinado para las campañas en el 2024, la migración no va a parar y ellos lo saben, solo están representando un juego donde los migrantes indocumentados pagan las consecuencias al caer en manos del crimen organizado, además de morir en la frontera”.
Dijo además que la reunión entre el canciller mexicano y el embajador de EU en México es parte de los acuerdos para regalarle dinero a México y sin saber cual será su destino, pero la seguridad en la frontera no es uno de ellos.
Zoraya Vázquez Pesqueira subdirectora de Al Otro lado, una organización defensora de los derechos de los migrantes con sede en Estados Unidos, reconoció que en principio cuando se hizo el anuncio de la terminación del esta medida, “lo vimos con mucho agrado y como una esperanza, pero luego vimos la reacción de todos estos conservadores y el que empezaron a poner todos estos recursos legales, aunque hay por ambos lados sobre todo por las organizaciones que defendemos el derecho al asilo”, y agregó, “el gobierno federal norteamericano siempre ha señalado que la migración debe ser ordenada y segura; sin embargo no han dicho como se haría en caso de que se levante”.
Preguntada sobre el posible impacto en la terminación del Título 42, la representante de Al Otro Lado expresó que, “tendríamos quizás el arribo de más migrantes, nunca han dejado de llegar y no es algo a los que debamos que temer en realidad; si efectivamente abren la frontera y procesan a los solicitantes de asilo como lo hicieron con las personas de Ucrania que procesaban de 500 a mil personas al día, sería un proceso que fluiría sin problema la gente no tendría que estar esperando acá”.
Agregó que ellos como organización civil estarían preparados para atender a las personas, sin embargo, señaló, “no sé por parte de las instituciones o los gobiernos que tan preparados estén para recibir a la migración”.
Pese a la extensión del bloqueo esta medida no se estaría aplicando en los menores indocumentados no acompañados.
En marzo 12, la CDC después de una reunión de reevaluación determinó que los niños no ciudadanos no acompañados no serán expulsados de los Estados Unidos bajo la orden de los CDC.
“Los CDC inicialmente excluyeron temporalmente a los niños no ciudadanos no acompañados de la expulsión en enero de 2021, y luego excluyeron formalmente a dichos niños de órdenes posteriores. El 4 de marzo de 2022, el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Texas emitió una orden judicial preliminar “prohibiendo y restringiendo” a los CDC de hacer cumplir sus órdenes en la medida en que exceptúen a los niños no ciudadanos no acompañados de los procedimientos del Título 42 basados únicamente en su estado como niños no acompañados. El tribunal determinó que los CDC no habían explicado adecuadamente su decisión de tratar a los niños no ciudadanos no acompañados de manera diferente a otros no ciudadanos sujetos a las órdenes de los CDC. El tribunal suspendió su medida cautelar preliminar durante siete días.
En la terminación actual, los CDC abordan las preocupaciones de la corte y han determinado, después de considerar las condiciones actuales de salud pública y los desarrollos recientes, que la expulsión de niños no ciudadanos no acompañados no está justificada para proteger la salud pública. Debido a que no está justificado, y en reconocimiento de las vulnerabilidades únicas de los niños no ciudadanos no acompañados, los CDC están terminando inmediatamente las Órdenes de los CDC en la medida en que se apliquen a ellos. Al tomar esta determinación, los CDC consideraron múltiples factores en su evaluación de salud pública”.
Para Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, (CEDHBC); la terminación de esta medida implicaría la aplicación de una verdadera estrategia para atender las consecuencias que esto pudiera acarrear.
“En el 2018 emitimos un diagnóstico sobre política migratoria en el norte del país y si hay un estado y una ciudad que tiene infraestructura para contener y dar seguimiento a los contingentes y fenómenos migratorios es justamente Baja California y Tijuana, sin embargo toda demanda puede ser superada y la oferta que tenemos puede ser superada también”, y agregó, “si no se atienden las causas que pueden estar generando estos movimientos y la posibilidad de que otros estados en algún momento de la historia reciban estas comunidades migrantes a través de la oportunidad de los empleos, vamos a tener que enfrentar otros retos que pueden complicar las estancias de los migrantes pero también de las comunidades”.
Puntualizó que, “si no dejamos de generar estados y países zonas de expulsores de migrantes producto de la violencia y violación de los derechos humanos y las circunstancias de complejidad que hay, nos veremos rebasados para poder atender esta circunstancia, sin embargo, no significa que podamos darle la espalda a un derecho constitucional y al llamado de dar justamente esta asistencia humanitaria”.
Por Luis Ángel Galván Peimbert
Enviado Especial/Enlace magazine
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