Violación de derechos, falta de capacidad y conocimiento de México en la aplicación del MPP
Fotografía (Cortesía IMUMI/Pie de Página)
La reinstalación del Protocolo de protección al Migrante, (MPP), conocida como Quédate en México o Remain Mexico este pasado diciembre del 2021, se ha convertido en un debate que ha llevado a organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos de los migrantes a enfrentar legalmente a las autoridades mexicanas por las violaciones a los derechos humanos y los riesgos que implica la puesta en marcha de un programa que había sido cancelado por la actual administración de Joseph Biden Jr.
Una de estas acciones ha sido un amparo promovido por la sociedad civil organizada para tratar de impedir que dicho programa se reinstale y se haga efectivo en México.
Antecedentes
El MPP fue iniciado en enero del 2019 por la administración de Donald John Trump y su fin principal es devolver a México algunos ciudadanos y nacionales de otros países que no sean de México mientras sus procedimientos de remoción en Estados Unidos están en trámite. Según el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS por sus siglas en inglés), Los MPP aplican a todas las personas que llegan desde México por tierra.
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El 01 de junio de 2021, el secretario de Seguridad Nacional determinó que los Protocolos de Protección a Migrantes deben ser cancelados y emitió un memorándum a tal efecto. Sin embargo, en el 13 de agosto de 2021, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas determinó en el caso Texas v. Biden que el memorándum del 1 de junio de 2021 no había sido emitido de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo y la INA y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a “hacer cumplir e implementar los MPP de buena fe”.
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El pasado 29 de octubre de 2021, tras de una evaluación extensa y exhaustiva, el secretario de Seguridad Nacional emitió un nuevo memorándum que cancela el programa MPP, que DHS implementará tan pronto como sea posible después de la emisión de una decisión judicial final para anular la orden judicial del tribunal de Texas. Hasta entonces, el Departamento continuará cumpliendo con la orden judicial que requiere la implementación y el cumplimiento de buena fe de los MPP.
Para el Instituto de la Mujeres en la Migración A.C., (IMUMI), así como Asylum Access México, Sin Fronteras IAP, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana y la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, el Programa “Quédate en México” significa un riesgo para la vida de las personas que buscan protección internacional al violar su derecho al debido proceso, al principio de no devolución y a la seguridad, además de ir en contra de la legislación nacional e internacional.
Es por ello que el pasado 30 de diciembre el 2021promovieron en la Ciudad de México el amparo 1887/2021 el pasado 30 de diciembre del 2021.
Lorena Cano, Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y asesora jurídica del IMUMI, habla sobre ello y de los efectos que implica la aplicación de dicho programa.
“Nos parece que esta cuestión entre voluntades políticas, legalidad versus ilegalidad y las personas en medio, las que salen huyendo de sus países entre las voluntades políticas y las personas en medio solicitando asilo, las organizaciones civiles de la sociedad hemos tenido que reaccionar ante esta situación que n solamente no solo no concluyó con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, sino que además México continúa en esta constante complicidad violando todo principio de legalidad, tratados internacionales e incluso legislación local”.
Cano señaló que, desde un principio, México tuvo la oportunidad de negarse a aceptar este programa; “uno de los puntos de esta resolución judicial era de que si México no aceptaba entonces las personas no podían ser devueltas materialmente; sin embargo, México a través de comunicados de la Cancillería ha manifestado su interés de recibir a estas personas y pues todo esto genera una serie de violaciones de proceso y de fondo muy importantes”.
Detalló entre estas violaciones el hecho de no haber publicado estas disposiciones en el Diario Oficial de la Federación, “no se consideran tratados internacionales, pero tampoco se consideran procesos administrativos internos, entonces, ¿qué es? Como es posible que estemos afectando la vida de estas personas en el día a día a través de simples comunicados que publica en su página web la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Preguntada sobre si se haría necesario el robustecimiento de este programa, dado que el propio gobierno estadounidense habría anunciado recientemente soporte legal para las personas en el proceso de solicitud de asilo, Cano respondió que, “robustecer o fortalecer este programa sería una violación flagrante a los solicitantes de asilo, así como a los estados fronterizos.
Marcia López Rodríguez, de Nicaragua se encuentra en Ciudad Juárez, ella junto con sus dos hijas, la primera de 4 y la segunda de 15 años respectivamente. Las tres están a la espera de su primera audiencia ante un juez federal de inmigración.
Marcia relata que ella salió huyendo de su país debido a la violencia ejercida por su gobierno.
“Amenazaron a mi esposo porque era opositor a sus políticas, así que llegamos a México y de ahí a los EU y me entregué a las autoridades de migración; luego ellos me regresaron a México con un documento que decía MPP y que aquí habría de esperar a que me llamaran”.
Marcia dijo que tiene ya más de nueve meses esperando su audiencia, pero mientras tanto vive con miedo, no se atreve a salir pues la violencia que azota en Ciudad Juárez se lo impide.
“No me queda otra mas que esperar, mientras tanto buscamos sobrevivir”.
De acuerdo a DHS al 14 de enero de este 2022 han sido 267 las personas que han sido atendidas bajo el MPP, de los cuales 162 son de Nicaragua, 59 de Venezuela, 32 de Cuba, 7 de Colombia y 7 de ecuador.
Estadísticas del MPP al 14 de enero del 2022
Cano agregó que dentro del recurso legal promovido se reclaman agravios como lo es la ausencia de un presupuesto o un protocolo a las personas del lado mexicano.
“Los estados mexicanos fronterizos han tenido que ver cómo le hacen literalmente con las personas que están totalmente hacinadas porque no se ha asignado un presupuesto federal para estos estados para poder brindar estas atenciones a la población, no solo en términos de salud, también de educación, trabajo; es decir es una violación en cadena de derechos humanos de las personas”.
En relación a la percepción que tiene la población en los estados fronterizos receptores sobre el flujo migratorio, lo calificó como una mala imagen hacia la población, “es el que la población local vea estos movimientos migratorios de asilo o de protección como algo malo, como un problema, como algo que afecta, no como un fenómeno como lo es”, y agregó, “obviamente si no tenemos recursos y ningún plan pues eso significa otra violación mu clara en todo este procedimiento”
Ante la imposibilidad de hacer un reclamo a las autoridades norteamericanas por el MPP en los EU, explicó Cano, “lo único que queda es hacer el reclamo a las autoridades mexicanas por la violación de los derechos de los solicitantes de asilo”.
Citó también a la violencia ejercida por la delincuencia organizada como un agravante para que este programa pudiese fortalecerse o mantenerse en México.
Cano reconoció que México no está preparado para lidiar con este programa, ni lo que esto conlleva.
“México no está preparado ni tiene los recursos ni tiene el conocimiento, sencillamente, COMAR que es la instancia en México para procesar solicitudes de asilo tiene alrededor de 7 oficinas en todo el territorio y esto no es suficiente”.
De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas aseguró que tan solo en el 2021, 240 mil personas solicitaron asilo en México.
Por Luis Ángel Galván Peimberth
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