Entre el 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2020, más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México, revela estudio presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El documento contenido en 188 páginas señala que los operativos contra el tráfico de migrantes han aumentado en promedio en 600%; que las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
También, este reporte da a conocer las cinco autoridades mas señaladas en las quejas como presuntas responsables de violaciones de derechos humanos, estas son:
1. El INM, mencionado en 90 ocasiones, lo que representa un 62.
2. La Fiscalía General de la República (FGR o antiguamente PGR), con 42
menciones, lo que representa el 31 por ciento de citas en las quejas.
3. La Policía Federal (hoy Guardia Nacional) fue mencionada en 19 ocasiones,
lo que representa un 12%.
4. La Secretaría de la Defensa Nacional en 16 ocasiones, lo que representa el
9.7%.
5. La Secretaría de Marina en 11 ocasiones lo que representa un 7%.
El informe evalúa también desde una perspectiva de derechos humanos- las acciones realizadas en ese período por las autoridades migratorias, así como por las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de personas migrantes en México.
Para su elaboración, la CNDH requirió información a las autoridades: migratoria, seguridad pública, organismos autónomos de derechos humanos y comisiones ejecutivas de atención a víctimas, competentes en los ámbitos federal y local. Además, se hizo un seguimiento de las noticias relacionadas con el tráfico y secuestro de personas migrantes publicadas en 11 medios de comunicación digital durante el mismo periodo, con lo que este organismo nacional reconoce el trabajo de acceso a la información que realizan las y los periodistas, comunicadores y medios de comunicación que dan cobertura a los eventos de tráfico y secuestro en perjuicio de personas migrantes.
Además, para contar con información de primera fuente, la CNDH levantó la Primera Encuesta Nacional en 48 Estaciones Migratorias sobre las Condiciones de Viaje en México 2021 de las personas en movilidad, aplicando mil 174 cuestionarios en una muestra representativa diseñada por la Universidad La Salle de México. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estuvo a cargo del desarrollo de un apartado especial sobre el tráfico ilícito de migrantes en México.
De los distintos informes rendidos por las autoridades, la CNDH advierte que México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia y protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.
A través de este Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, la CNDH emite 13 propuestas generales y 44 propuestas particulares para que las autoridades mexicanas emprendan acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.
Entre las propuestas generales, resalta la urgente necesidad de cumplir el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado competentes para garantizar la seguridad pública, de prevenir la comisión de conductas delictivas y, en su caso, investigar los delitos que lleguen a cometerse, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral.
Por su parte, entre las propuestas específicas más relevantes se encuentra aquella dirigida al Instituto Nacional de Migración para que adopte mayores medidas para facilitar el ingreso y tránsito de las personas migrantes de forma regular, a fin de que no recurran a vías clandestinas, de modo que se reduzca el riesgo a ser objeto de delitos y/o violaciones a sus derechos humanos y fomentar la denuncia.
De la redacción
enlacemagazine@hotmail.com