-Esto no implica que haya terminado el proceso, aclaran.
DURANGO, DGO.-Luego del bochornoso episodio en el que José Antonio Ochoa, diputado local del PAN en Durango, le entregó una cartera de huevos a Sandra Amaya, diputada local por Morena, y que se convirtió en nota nacional y le valió el mote de “Lord Huevos”, la legisladora puso su queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el Estado de Durango por la presunción de violencia de política de género, esta institución dictó medidas cautelares, aunque esto no significa que ya se haya agotado la investigación y se está todavía a la espera de una resolución definitiva.
A través de un comunicado, el IEPC informó que “una medida cautelar sirve para cesar los actos o hechos que constituyen la presunta infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la disposiciones contenidas en la ley, hasta en tanto se apruebe la resolución definitiva”.
Luego del análisis de riesgos, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC resolvió realizar un plan de seguridad en el que se aplican los siguientes puntos, que el diputado José Antonio Ochoa deberá observar, así como el Congreso local:
“-A quien presida las sesiones de la Comisión Permanente u otros órganos del Honorable Congreso del Estado, donde concurran las partes, se le conmina a que en el desarrollo de las mismas, garantice que se cumplan las disposiciones internas respecto al orden y el respeto en las deliberaciones, con el fin de prevenir conductas similares a la denunciada.
“-Que el legislador local probable responsable, en el ejercicio de su derecho parlamentario, se abstenga de realizar señalamientos, expresiones o utilizar simbolismos, que pueden constituir violencia política en razón de género, hacia la quejosa”.
En el documento se aclara que esto no significa que la Comisión ya haya determinado que José Antonio Ochoa haya cometido violencia hacia Sandra Amaya, sino que estas medidas se dictan para evitar lesionar los derechos políticos de la legisladora y el análisis del caso continúa ahora por parte del Consejo General del IEPC, quienes serán los que finalmente emitan la resolución definitiva.
Estas medidas, se explica, “marcan un parteaguas en el país, al ser pioneros en la adopción de este tipo de medidas, que buscan privilegiar el derecho de las mujeres al ejercicio de sus derechos políticos, y prevenir cualquier tipo de violencia en sus derechos que se ejerza en contra de ellas, por el simple hecho de ser mujeres”.
En los próximos días se llevarán a cabo las siguientes etapas de este proceso para que posteriormente se haga un pronunciamiento sobre el fondo de esta denuncia por parte de la autoridad electoral.
Por Carlos Yescas Alvarado
Especial/Enlace magazine