Ex braceros: Una asignatura pendiente
DURANGO, DGO.-Después de sesenta años, la lucha por la sobrevivencia de los jornaleros mexicanos iniciada en los campos agrícolas estadounidenses no ha terminado, ahora ésta se libra en los Congresos locales, oficinas gubernamentales, reuniones con líderes sociales y representantes populares.
Antecedentes
De 1942 a 1967, mas de 4.5 millones de mexicanos fueron parte de la fuerza productiva de los Estados Unidos, su gran mayoría trabajó en labores del campo y en las vías del ferrocarril.
Todos, en diferentes épocas cumplieron con un solo objetivo: suplir la mano de obra norteamericana requerida en un periodo de tiempo difícil para ese país.
El salario mínimo de los braceros oscilaba entre 50 centavos y 1.55 dólares la hora, así lo muestra un contrato de trabajo firmado en la ciudad de Eagle Pass, Texas el 6 de octubre de 1952 en el Centro Bracero de Trabajo, entre Mc. Bride Farms Marketing ASSN. y J. Trinidad Olivas Reyes, originario de Santiago Papasquiaro, Durango.
De 1942 a 1946, a todos aquellos trabajadores agrícolas que laboraron se les retuvo un diez por ciento de su salario en calidad de ahorro, y a través del Banco Wells Fargo les transferirían ese dinero a Bancos como Banrural y Banco del Ahorro Nacional. De febrero a octubre de 1948, se firmó un nuevo acuerdo que concluyó en 1964.
La lucha
Baldomero Capiz Banderas, de Michoacán, y representante de la Unión Binacional de Ex braceros 1942-1967, en Los Ángeles California, dijo que el Fondo de Ahorro se calcula entre 500 y mil millones de dólares mismos que jamás fueron entregados a sus beneficiarios, y que a través de una demanda promovida ante las Cortes Federales de California en el 2001, por Senorino Ramírez, mexicano y residente de Sonoma California, contra Wells Fargo y sus similares en México, se reconocía la deuda a los trabajadores mexicanos.
Teniendo esto como antecedente, dijo Capiz Banderas, en mayo del 2005 se creó el Fideicomiso 2106, donde el Gobierno Federal otorga un beneficio social económico de 38,000 pesos a cada uno de ellos.
Pero hasta el momento, dijo Capiz, esto no se ha cumplido y del total de los ex braceros, sólo 45,000 de ellos han recibido su dinero, “el resto por errores de ortografía, manipulaciones de candidatos a elección popular y de los intereses de líderes corruptos han entorpecido el cumplimiento del programa”, apuntó.
Reclamos
Los reclamos sobre este beneficio social se han hecho manifiestos en las diversas entidades y Durango no es la excepción.
Recientemente, un grupo de ex braceros duranguenses, acompañados por algunos líderes sociales se presentaron en el Congreso del Estado y plantearon sus inquietudes a la Comisión de Gestoría y Quejas demandando una información clara y precisa sobre el tema.
Ana María González, representante social, hija de un jornalero mexicano, expuso una serie de anomalías que de acuerdo a su criterio han afectado enormemente a los trabajadores migrantes y a sus beneficiarios.
Entre estas irregularidades González señaló la poca sensibilidad de los diputados del Congreso Estatal hacia los ex braceros; la urgente necesidad de recuperar documentos de trabajadores agrícolas retenidos en los Estados Unidos, así como otros que fueron entregados a la Secretaría de Gobernación en Durango en su momento; el maltrato del personal de la Secretaría de Gobernación hacia ellos, y una situación similar, señala, de Telégrafos Nacionales , donde además, dijo, se les ha negado el pago.
González explicó que no pocas veces ella al igual que algunos de sus representados habían acudido a solicitar audiencia con los diputados, pero no habían sido atendidos.
“Hay muchas anomalías en el proceso, y lo que mas me duele es que se burlen de nosotros y que no nos atiendan, no estamos pidiendo algo que no es justo sólo lo que les corresponde”, señaló González.
En lo que se refiere a los documentos retenidos en los Estados Unidos, González señaló que Carlos Marentes, Director del “Proyecto Bracero”, en San Antonio Texas, tiene en su poder documentación original de estos trabajadores que en su momento le fueron entregados de manera voluntaria, con la justificación de defender sus intereses.
Ahora, a causa de ello, señaló González, muchos de ellos no pueden hacer efectivo el beneficio económico otorgado por el gobierno federal.
“La solución al problema está en la Secretaría de Gobernación y Hacienda, pero al ver la insensibilidad del Delegado de Gobernación tendremos que tomar otro tipo de medidas”, apuntó la gestora social.
González sostiene también que a la Delegación de Gobernación en su momento se le entregaron documentos originales y que estos no son reconocidos.
“Ellos tiene documentos originales y no aceptan que así es, además jamán entregaron comprobantes de ello a sus dueños”, señaló.
En el caso de Marentes, González expuso que se debe de actuar en consecuencia para obligarle a que entregue los documentos, pues además él les ha vendido micas o credenciales a ex braceros duranguenses a un costo de 500 pesos cada una.
Marentes, entrevistado, dijo que su organización cuenta con más de 80,000 expedientes con documentos que certifican quienes fueron braceros. “El que no se les haya pagado a los ex braceros no es por la falta d de documentos, sino porque el gobierno no le ha destinados los recursos suficientes para ellos”, y agregó, “este programa solo ha servido para manipular a los braceros y utilizarlo como instrumento de campañas electorales”.
Dijo además que el jamás han vendido documento alguno.
“En Durango hay muchos bandidos que lo hacen, entre ellos representantes de algunos partidos políticos; en esas condiciones nosotros no podemos entregar documentos a diputados, representantes sociales ni gestores, solamente a los dueños de ellos”, y agregó, “el sistema para recuperarlos es sencillo solicitando por teléfono una forma que nosotros emitimos y con una copia de identificación, se la enviamos por correo certificado”, apuntó.
González mostró a Enlace magazine recibos donde se hicieron pagos a Marentes a cuenta de micas de jornaleros.
Marentes dijo además que no es posible entregarlos fuera de los Estados unidos, pues las leyes lo prohíben.
Juan Valdez Vázquez, hijo de Hipólito Valdez Martínez, quien laborara en Texas, durante los años del 1946 a 1951, dijo que era un verdadero calvario el tratar de recuperar los frutos de su padre.
“Nos traen con puras vueltas y no se resuelve nada, porqué será tan difícil devolver lo que por derecho nos toca?”, cuestionó Valdez Vázquez.
Héctor Jorge Parra Meléndez, Coordinador Estatal de la Secretaría de Gobernación en Durango, explicó que el problema principal de los ex braceros es la desinformación creada a partir de la manipulación de líderes que buscando beneficios personales, cambian totalmente el sentido de la información y la venden para sacarle provecho.
“Los ex braceros son manipulados y manejados, desafortunadamente para fines personales de algunas gentes vivales, y esto lo sabemos por vía propia de los mismos ex braceros quienes nos han dicho que estos líderes les han vendido documentos falsos, y esto es un delito pues ponen en riesgo la libertad de ellos” expresó Parra.
Dijo conocer a los líderes que representan a diversos grupos de ex braceros aunque no dio sus nombres. Dijo además ignorar si estos líderes sociales reciben algún subsidio de gobierno para gestoría.
Consultada en relación a esto, González dijo recibir del Gobierno del Estado de manera mensual un subsidio de 6,500 pesos por concepto de gestoría.
Parra Meléndez agregó que la función de su delegación es la de fungir como ventanilla receptora, pero que ellos no reciben ningún documento ni tampoco son los encargados de pagar, “eso lo hace únicamente Telégrafos Nacionales”, dijo Parra.
José Luis Rivera Morales, Gerente estatal de Telégrafos en Durango, explicó que ellos son sólo una institución liquidadora y su función en este caso es la de pagar a quienes ya han aparecido en las listas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, (DOF).
Dijo que hasta el momento de los 2,471 nombres publicados en la última lista, han cobrado su dinero 1,953 quedando 518 por pagar, de estos, 217 recibirán cuatro mil pesos, y los 300 restantes cobrarán 34,000 pesos.
En relación a las quejas señaladas por ex braceros, Rivera Morales dijo que, de haber alguna situación comprobable se investigaría a fondo para dar con los responsables.
“Nosotros nos regimos bajo las normativas y con la claridad y transparencia que se requiere, en caso de haber alguna situación anómala esta se investiga para saber que sucedió”, dijo Rivera Morales
Dijo además que los requisitos para recibir el dinero son la presentación de los doce dígitos de su transferencia, una credencial de lector y en ocasiones el documento de la mesa receptora, este último solo para comprobación
El Congreso
Francisco Acosta Llanes, presidente de la Comisión de Gestoría y quejas del Congreso Estatal quien se hubiera reunido con el grupo de ex braceros y sus representantes, y posteriormente los acompañara a Gobernación, dijo que los diputados están en la mejor disposición de coadyuvar para encontrar una solución a la problemática, pero también, se habría que aclarar a cada uno de los ex braceros su situación y si es el caso decirles si es que no pueden o no derecho al beneficio económico.
“Nuestra principal responsabilidad es atenderlos y saber cuales son necesidades, debemos de ser facilitadores y no obstaculizadores para lograr los resultados de estas personas, pero también decirles que si no cumplen con los requisitos nos va a doler muchísimo pero también tendremos que decírselos”.
En relación a Marentes, Acosta Llanes dijo que buscaría tener un acercamiento con él y ver su disponibilidad.
“De ser necesario pagaríamos sus gastos para que esté en Durango, pero también se estudiando la posibilidad de una acción legal para obtener esa documentación”, apuntó el diputado.
Agregó que el gobierno del estado tiene un compromiso con todos los ex braceros y el programa de “Hoy Crecemos” podría darles atención a esos ex trabajadores en el rubro de mejoramiento de vivienda, setenta y mas, despensas y en situaciones en específico.
Mario Silva, dirigente social y representante de la Asociación Civil, llamada Asociación de Braceros Duranguenses fundada hace aproximadamente 4 años, defensor de los derechos de ex braceros dijo que nunca en la historia ha habido una tribuna para defender la causa de los braceros, “Aquí ningún diputado ni funcionario público jamás ha defendido nada por ellos, mienten cuando dicen que están a favor de la causa”.
Agregó que él y su organización jamás han recibido pago alguno a favor de estas gestiones.
“Siempre hemos sido defensores sociales, pertenezco al PRD y apoyamos las causas del pueblo y para el pueblo, abanderé la causa porque estas personas necesitaban a alguien que les ayudara y enfrentara al gobierno”.
González exhibió dos documentos notariados por el licenciado Mario Eduardo Bemúdez Mejía y firmados por Silva; el primero por 19 mil pesos por concepto de pago de 190 micas de prepago en fecha del 8 de septiembre del 2003, y otro por 7,500 pesos por el pago de cien micas en fecha del 29 de agosto del 2003.
Silva reconoció recibir desde hace dos años aproximadamente un apoyo económico mensual de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, (SEDESOE), para sostenimiento de su oficina.
El líder social dijo que no estar de acuerdo con las negociaciones de los diputados y el resto de las organizaciones sociales que acudieron con ellos a Gobernación.
“Ignoro cuales sean sus intenciones pero no coincido con ellos, somos autónomos y las decisiones las tomamos a nivel nacional o internacional”.
Dijo que en Durango existen aproximadamente 40,000 ex braceros.
De acuerdo a Parra Meléndez, el pago para los ex braceros que han sido publicados en las diversas listas en el Diario oficial de la Federación estaría vigente hasta el 30 de noviembre en cualquiera de las oficinas de TELECOMM, por lo que conminaba a los trabajadores agrícolas a acudir a ella y revisar si están dentro de las listas para recibir su dinero.
Por Ángel Peimberth
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