Devolución de hasta 30 mil migrantes por mes a México, pone a prueba el sistema

La decisión de la Suprema Corte de mantener vigente el Título 42 y abordarlo de nueva cuenta en marzo de este 2023, solo ha prolongado la agonía de los miles de migrantes que se encuentran varados en la zona fronteriza de Tijuana y Ciudad Juárez a la espera de que finalice esta medida sanitaria y poder solicitar asilo ante los Estados Unidos, así también el impacto en las ciudades que se han convertido en receptoras de esta población y sufren también las consecuencias.

Tijuana, una es una de estas; históricamente ha sido receptora de migrantes de diversas nacionalidades, así como también una primera autoridad respondiente ante el fenómeno migratorio, hoy al igual que otras municipalidades   enfrentan a un desinterés del propio gobierno federal al no atender de forma apropiada la actual crisis humanitaria que se vive en esa región.

Martín Arturo Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección Municipal de Atención a Migrantes, (DMAMT), de esa ciudad; reconoció que mucho de esta situación ha derivado de la prevalencia de decisiones gubernamentales tomadas en la era de Donald John Trump, entre ellas, la elección de jueces en la Suprema Corte que no propiamente simpatizan con la migración indocumentada.

“La vigencia del Título 42 es un pleito judicial entre los jueces conservadores antiinmigrantes y de abortos que frenan todas estas acciones que puedan favorecer a los migrantes que impuso Donald Trump”.

Tarde o temprano, señaló Lucero, va a terminar esta medida; “no puede seguir vigente hay que dejar que se desahogue y termine, entre más se alargue más crece el rezago de migrantes que están varados en la frontera y va a ser más grande el desafío para las autoridades que les corresponde atender esta situación y a todas estas solicitudes de asilo que se van a venir”.

De acuerdo a Transactional Records Access Clearinghouse, (TRAC por sus siglas al inglés); un millón 565 mil 966 personas en los EE. UU. están esperando que se escuchen sus solicitudes de asilo, mientras la Corte Suprema evalúa los méritos de la política de salud del Título 42 de la era Trump.

De este total, 767 mil 882 esperan audiencias ante los jueces en los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia y los 778 mil 084 aguardan audiencias ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.

Lucero Vázquez dijo lamentar la posición del gobierno federal mexicano al aceptar recibir a los migrantes expulsados bajo esa medida administrativa.

“De acuerdo al acuerdo de aceptar recibir hasta 30 mil migrantes expulsados por mes originarios de Cuba, Haití y  Venezuela lamentamos muchísimo que México se preste a esta política”, y agregó, “como municipios no nos  consultan ni  avisan de estas decisiones  y esto el municipio  nos preocupa,  y no precisamente por el problema que se está  heredando sino por el grado de vulnerabilidad de los migrantes; “ellos, (los migrantes), hicieron un largo viaje hasta acá, gastaron  todo su dinero aproximadamente 4 mil dólares  y para que de la noche a la mañana Estados Unidos tome estas medidas  y que además los deporten por otras garitas”.

Nosotros como municipio, explicó, “lo que les podemos brindar es alojamiento temporal, alimento, orientación sobre los procesos de asilo, y también sobre la solicitud de refugiados a nuestro país; pero estamos viviendo tiempos difíciles en migración, con la llegada de Trump es el parteaguas de la migración”.

Para el pasado 07 de diciembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, (COMAR), había contabilizado a 111 mil 257 personas solicitantes de asilo y donde  migrantes de Honduras ocupan el primer lugar con 29mil 390 solicitudes; le sigue Cuba con 17 mil 487; en tercer lugar Haití con 15, 780 y Venezuela con 12 mil 998 solicitudes.

 

A pregunta expresa de cómo han logrado hacer frente a esta crisis humanitaria, Lucero Vázquez reconoció que, “afortunadamente logramos hacer alianzas y hemos hecho coordinación con el estado y hemos sacado los flujos de migrantes”.

Reconoció que la Federación ha estado ausente sobre esta problemática, sin embargo, las organizaciones no gubernamentales han salido al quite para brindar atención a los migrantes.

Sobre el monto de recursos que mensualmente eroga el municipio para atender a los migrantes, el funcionario municipal explicó que cada dependencia involucrada aporta su esfuerzo y su infraestructura.

Para atender a los venezolanos, explicó, “el municipio aporta las instalaciones, seguridad y servicios médicos, personal del municipio para que atienda; el estado pone servicios médicos, literas, colchonetas, alimentos”.

En el caso de las organizaciones civiles dijo que han hecho muchos donativos  y preparan los alimentos en sus comedores; las agencias llevan programas psicológicos, recreativos para los niños,

Aseveró que lo más importante ha sido el buen corazón de los mexicanos, de los tijuanenses en particular quienes siempre están dispuestos a ayudar.

Preguntado sobre el número de personas que podrían estar a la espera de un trámite migratorio, Lucero Vázquez respondió, “¡uf! Son incontables, pero tan solo en Tijuana son como 9 mil”.

La mayor población de estos, dijo son mexicanos en un 60 por ciento, el resto son venezolanos, haitianos y dominicanos.

Y a diferencia de los extranjeros, señaló Lucero Vázquez no llegan en caravana ni cruzan el Atlántico, llegan como migración hormiga.

En relación a los migrantes deportados, Lucero Vázquez aseguró que esta cifra nunca se ha frenado.

“Por esta razón se abrió esta oficina en el 2015, no hay que olvidar que durante la administración de Barack Obama se deportaron 2,5 millones de mexicanos y la garita de Tijuana registró un 40 por ciento de estos y aquí nosotros les brindamos, cobijo y comida, así como les pagamos su boleto de autobús a quien decida regresar a su estado de origen”.

Según la Unidad de Política Migratoria, para este pasado noviembre del 2022 se habían contabilizado 241 mil 662 mexcianos deportados.

Para finalizar, Lucero Vázquez dijo que en esa ciudad existen 30 albergues, dos son oficiales y el resto son asociaciones civiles.

Por Luis Ángel Galván Peimberth

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