DURANGO, DGO.-Mayor participación en el concierto de la aplicación de la ley de protección al migrante demandan organizaciones comunitarias en el exterior.
A partir de una serie de iniciativas de las diversas representaciones comunitarias en el exterior y con la voluntad de los legisladores, en el 2008 se creó la Ley de Protección al Migrante.
Dicho cuerpo jurídico que consta de 64 artículos que hablan sobre la repatriación y deportación de duranguenses, la asistencia social al emigrante a través de la creación de un fondo estatal de asistencia, repatriación de cadáveres; ayuda humanitaria, asistencia administrativa, obras pública con la participación de los emigrantes, de la protección a los transmigrantes y turistas, y de la creación de un padrón sobre inmigrantes en el estado de Durango.
Hasta el momento y de acuerdo a las opiniones vertidas al respecto, los efectos positivos han sido pocos o casi nulos a favor de este sector.
Claudia Lucero presidente de la Federación de Duranguenses Unidos en el Medio Oeste, en Chicago Ill; expresó que aunque la ley en papel y términos está mas o menos completa se aprecian problemas en los proceso administrativos de aplicación, incluyendo el presupuesto operativo para ejecutar los mandamientos de este documento legal.
“Hay un punto que la ley no tiene y son los mecanismos, programas y apoyos que ayuden en la integración o reintegración de los duranguenses que son deportados o que simplemente decidieron regresar a su tierra”, y agregó, “es de suma importancia tener un proceso de integración a la vida social, política, cívica, económica y al sistema de educación el cual es muy diferente aquí en los Estados Unidos” expresó Lucero.
Puntualizó diciendo que, “a pesar de que se cuenta con una ley de protección, la comunidad migrante no es una prioridad para el gobierno del estado”.
Para César Valenciano, presidente de Casa Durango Dallas, (CDD), la ley no ha tenido el más mínimo resultado.
“Esta ley no ha surtido efectos, la migración continua, hay necesidades urgentes de representación legal, documentos, apoyos educativos; nuestra gente requiere de manera urgente atención de su estado”, expresó Valenciano.
Luis García, secretario de proyectos de la Federación Duranguenses USA Casa Durango Los Angeles, dijo que esta adolece de un espacio para permitir que un migrante duranguense sea diputado y los represente en el congreso.
“Ya estamos cansados del mismo discurso, y que nos den atole con el dedo; hay una ley pero no existe una partida que apoye a este sector de población; Durango recibe un millón de dólares diarios en remesas y no tenemos asignado nada para las comunidades y sus familias que se quedan aquí desprotegidas” expresó García.
Juan Cisneros, presidente del Club ‘Amigos de Carrillo Puerto Durango’, dijo que sólo conoce la ley de nombre y que las necesidades de su comunidad son enormes sobre todo con las posibilidades del regreso de miles de compatriotas por el endurecimiento de las políticas migratorias en estados como Arizona y Texas.
Alva García, de Topia Durango, integrante de Casa Durango Los Angeles, expresó que si verdaderamente existiera una ley de protección al migrante, su situación sería diferente.
“Cuando uno se acerca a Durango hay que persignarse, la inseguridad es tremenda, además en muchas ocasiones ni siquiera podemos tramitar documentos básicos, si realmente se aplicara esa ley la situación de nuestra gente sería diferente”, expresó García.
Agregó que una de las necesidades más apremiantes es el apoyo para la obtención de las matrículas consulares y actas de nacimiento, las requerimos y no hay los medios para obtenerlas”, puntualizó García.
Por su parte, Myrna Alarcón, hasta el cierre de esta edición, directora de Atención al Migrante en Durango, dijo que la ley ha cubierto el tema del asistencia social, pero las acciones de ésta estarían mas encaminadas a la creación de un instituto del migrante donde se le de una verdadera atención al fenómeno migratorio.
“Estamos reaccionando y no accionando de manera preventiva, debemos de buscar el componente económico que además de lograr invertir en el beneficio de las propias familias inhiba la salida de nuestro migrante creando programas que realmente le permitan a quienes ya está allá de venir e invertir y que les dé beneficios a ellos y sus familias”, expresó Alarcón
Dijo además que las familias de los migrantes son quienes realmente viven el drama impresionante y la desesperación al no saber de sus familiares desaparecidos; y que también requieren de necesidades básicas, repatriaciones de cadáveres, actas de nacimiento entre otras.
La comisión de atención al migrante integrada por Sergio Duarte Sonora, (PRD), Jaime Rivas Loaiza, (PRI), Gilberto Zaldívar, (PANAL), Jorge Alejandro Salum del Palacio, (PAN), y Marcial García Abraham, (PRI), dijeron trabajar al respecto y darían seguimiento a la responsabilidad de la comisión tomada por iniciativa propia.
Duarte Sonora, presidente de dicha comisión, destacó que la prioridad de ésta es vigilar la aplicación de las leyes y agregó que durante octubre se estaría presentando el plan de trabajo inherente al tema y agregó que una situación de primer orden en el del respeto a los derechos humanos.
“No es posible que a los migrantes centroamericanos se les de peor trato que el que nos dan a nosotros en los Estados Unidos, documentados o no la migración es un fenómeno de carácter internacional de los países subdesarrollados a los mas desarrollados y producto de las pocas oportunidades que se generan en el ámbito económico, vamos a buscar que se les respeten sus derechos y también desde nuestra competencia defender los derechos de nuestro migrantes”, dijo Duarte.
Salum del Palacio, dijo que Durango es uno de los estados impulsores de migrantes y esto llama a que del congreso se puedan establecer algún tipo de mecanismos o políticas públicas en relación al tema.
“Hay una reversión, una embestida, provocada por la falta de empleo, una competencia mas intensa, situación que hace mas difícil la condición del os migrantes pues son vistos como una competencia, sumado a ello la falta de disposición de los gobiernos estatales y federales de los Estados Unidos para tratar el tema.
García Abraham dijo conocer el tema de cerca y además haber vivido en carne propia los sufrimientos de ser un indocumentado.
“Trabajé como cualquier otro indocumentado y me siento con la satisfacción de ser capaz de agenciarme el sustento para mi familia, pero también es el sentimiento de que mi país no reúna las condiciones; uno se siente totalmente desprotegido como si no tuviéramos identidad” y agregó, “no podemos esperar con los brazos cruzados para que tengan oportunidades, habremos de legislar para que tengan espacios y puedan desarrollarse” concluyó García Abraham.
Por Ángel Peimberth
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